Guatemala y Estados Unidos ratificaron un acuerdo que establece el traslado “digno, seguro y oportuno” de migrantes centroamericanos al territorio guatemalteco, además de considerar sus solicitudes de refugio o protección temporal. El documento ya está en vigor, pero su alcance real y los mecanismos de aplicación todavía no están claros.
El texto fue publicado el 16 de julio en el diario oficial y es un Acuerdo por Canje de Notas que compromete a ambos países a cumplir con sus leyes internas y obligaciones internacionales, en el marco de las políticas migratorias vigentes.
El acuerdo fue firmado entre el 11 y 13 de junio y está vigente desde el 27 de junio, fue suscrito por el canciller Carlos Ramiro Martínez y el secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero. En sus cláusulas especifica que cualquier parte podrá suspender el convenio con un aviso previo de 30 días.
En tanto, el presidente Bernardo Arévalo descartó que se trate de un acuerdo de “tercer país seguro”, como el firmado por Guatemala en 2019 durante la administración de Jimmy Morales. Insistió en que el enfoque actual busca brindar refugio temporal a migrantes, especialmente nicaragüenses que huyen por razones políticas o humanitarias.
#RetornadosGt | Más de 23 mil personas guatemaltecas migrantes retornadas han sido atendidos por el Instituto Guatemalteco de Migración en lo que va del año. ➡️ https://t.co/SDOUpDzgFb pic.twitter.com/B4MrO7XCbI
— Migración Guatemala (@MigracionGuate) July 14, 2025
Faltan detalles sobre su implementación
Pese a la ratificación oficial, el gobierno de Guatemala no detalló cuántas personas serían trasladadas, cómo se procesarán las solicitudes de refugio ni qué recursos se destinarán a su atención.
El excanciller Alfonso Cabrera advirtió que el país podría estar asumiendo una carga sin claridad legal ni operativa. “Guatemala está comprometiéndose a recibir personas que no tienen juicio ni han violado la ley en nuestro país”, señaló.
Cabrera criticó la falta de antecedentes similares y acusó al acuerdo de responder a una política migratoria errática impulsada por el gobierno estadounidense. Aseguró que este convenio podría traer consecuencias jurídicas importantes si no se aclara su aplicación.