El Estado de Guatemala fue notificado de un fallo favorable en un proceso de arbitraje internacional que le permitió evitar el pago de casi $499 millones, según informó la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El caso se originó por disputas relacionadas con los proyectos mineros Progreso VII Derivada y Santa Margarita, ubicados entre los municipios de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc, en el departamento de Guatemala.
La institución detalló que recibió oficialmente el laudo emitido a favor del país en el arbitraje promovido por el empresario Daniel W. Kappes y la empresa Kappes, Cassiday & Associates ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Los demandantes reclamaban al Estado guatemalteco el pago de $499 millones, una cifra que representaba un alto riesgo para las finanzas públicas.
Tras analizar el caso, el tribunal arbitral rechazó de manera absoluta las pretensiones de los inversionistas, liberando a Guatemala de una posible obligación financiera de gran magnitud. La PGN calificó la resolución como un precedente histórico en la defensa de los intereses nacionales y destacó la estrategia jurídica aplicada en el proceso.
Además de desestimar el reclamo, el tribunal ordenó que el Estado de Guatemala reciba $379,940.76 como reembolso por costos procesales, un resultado que, según la Procuraduría, confirma la solidez de los argumentos legales presentados.
“En este caso, los demandantes exigían que Guatemala pagara 499 millones de dólares. El tribunal rechazó completamente el reclamo de los inversionistas evitando ese pago millonario y además ordenó que el Estado de Guatemala reciba $379,940.76 como reembolso en concepto de costos procesales”, indicó la PGN en un comunicado.
El conflicto surgió luego de que comunidades indígenas interpusieran un recurso de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) por haber otorgado una licencia de explotación sin realizar el proceso de consulta establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Corte de Constitucionalidad resolvió que el Estado debía efectuar dicha consulta y ordenó la suspensión provisional de las actividades mineras hasta que se cumpliera el fallo. Posteriormente, la empresa acudió a un tribunal internacional alegando daños económicos, argumento que finalmente fue rechazado por el CIADI, resolviendo el caso a favor del Estado de Guatemala.