El caso por el crimen de Melisa Palacios, ocurrido en julio de 2021 en Zacapa, continúa atrapado en una serie de maniobras legales impulsadas por la principal acusada, María Fernanda Bonilla Archila.
La joven enfrenta cargos por el asesinato de la estudiante de 21 años, pero desde hace más de tres años ha promovido recursos, apelaciones y solicitudes que mantienen detenido el proceso judicial.
El Juzgado de Mayor Riesgo C volvió a rechazar esta semana una nueva petición de Bonilla, quien pidió ser trasladada del Centro de Detención de Matamoros, en la zona 1 de Ciudad de Guatemala, al cuartel Mariscal Zavala, en la zona 17. La sindicada alegó que teme por su vida debido a la presencia de pandilleros en el penal donde se encuentra recluida.
Sin embargo, la jueza determinó que el penal de Matamoros “reúne las condiciones de seguridad necesarias” y que no existen pruebas concretas que respalden la supuesta amenaza. El informe del Sistema Penitenciario y del Ministerio de Gobernación también confirmó que el centro donde permanece es uno de los más seguros del país.
No es la primera vez que Bonilla intenta alterar las condiciones de su detención. En los últimos años ha solicitado cambios de cárcel, beneficios carcelarios y audiencias especiales, además de haber apelado en repetidas ocasiones las resoluciones que la envían a juicio por asesinato.
Rechazaron la apelación
El pasado 8 de octubre, la Sala Segunda de Apelaciones rechazó “in limine” una apelación presentada por Bonilla y su presunto cómplice, Luis Marroquín Ovalle, que buscaba anular la audiencia de etapa intermedia. Con ello, la resolución de la jueza Carol Berganza , que ordena llevar a juicio a ambos acusados, quedó firme.
La Fiscalía contra el Delito de Femicidio sostiene que existen pruebas contundentes: registros telefónicos, cámaras de videovigilancia y testigos que ubican a la víctima junto a Bonilla el día de su desaparición. Además, los investigadores confirmaron que el cuerpo de Melisa fue hallado en una zona boscosa con signos de violencia extrema.
Quiso modificar la acusación
A lo largo del proceso, la defensa ha intentado modificar la acusación principal. En varias ocasiones pidió reclasificar el delito como “homicidio en estado de emoción violenta”, lo que reduciría la pena de prisión de 50 a apenas 8 años. Las autoridades judiciales han rechazado ese argumento, señalando que hubo planificación y premeditación.
El expediente ha pasado por múltiples cambios de juzgado y jueces debido a recusaciones, denuncias de parcialidad y hasta renuncias. Cada cambio ha significado nuevos retrasos para la familia de Melisa Palacios, que lleva más de tres años esperando justicia.
La madre de la víctima, Anabella Chacón, ha denunciado públicamente que las acciones de Bonilla buscan dilatar el juicio. “Todo ha sido a favor de los asesinos”, dijo en declaraciones recientes, al celebrar que finalmente el caso esté bajo jurisdicción del Juzgado de Mayor Riesgo C.
La audiencia de ofrecimiento de pruebas está programada para el próximo 29 de noviembre. Mientras tanto, la familia de Melisa Palacios continúa exigiendo que el caso avance y que se ponga fin a lo que consideran una estrategia de obstrucción por parte de la principal acusada.
