El sistema penitenciario guatemalteco mantiene a más de 24,000 personas en 24 cárceles. En algunas jornadas, apenas hay un guardia disponible por cada 30 internos, una proporción que dificulta conservar el control.
Para reforzar la vigilancia, las autoridades comenzaron a formar a 600 nuevos agentes penitenciarios. El Gobierno también plantea rotar custodios, aumentar las requisas y mejorar los controles de ingreso.
La estrategia contempla revisar los expedientes de unos 5,000 reclusos que podrían acceder a medidas judiciales o administrativas. La evaluación estará dirigida principalmente a quienes cumplan los requisitos legales y representen un menor riesgo.
Los internos serán distribuidos en 5 categorías según el delito, su situación procesal y su peligrosidad. Así se busca separar a procesados de condenados y evitar que cabecillas de pandillas recluten o controlen a presos por delitos menores.
La cárcel El Triunfo, en Izabal, tendrá espacio para entre 2,000 y 2,700 reos de alta peligrosidad. Otro centro avanza en Masagua, Escuintla, con financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica.
El proyecto incorpora cámaras, controles biométricos y un centro nacional de monitoreo. Además, una prueba para bloquear internet en la cárcel de Zacapa habría obtenido resultados positivos, mientras el Congreso analiza una regulación para extender estas restricciones.
La reforma intenta impedir que las prisiones funcionen como centros de operaciones criminales. El desafío es considerable: Guatemala registró alrededor de 14,000 denuncias por extorsión en 2024, frente a 11,000 durante el año anterior, según datos del Ministerio Público.
