Investigadores de la División de Información Policial (DIP) detuvieron en Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, a Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, quien era requerido por tres juzgados de Guatemala por el delito de asesinato. La captura destaca por el largo periodo en el que logró ocultarse bajo una nueva identidad.
Según la Policía Nacional Civil (PNC), el detenido trabajaba como pastor evangélico para evitar ser ubicado. Durante la identificación presentó documentos falsos, pero el dispositivo biométrico MI3 confirmó su verdadera identidad y su historial delictivo.
Las autoridades detallaron que Cojoc Quej posee antecedentes previos, entre ellos portación ilegal de armas de fuego en febrero de 2009 y un señalamiento por asesinato en abril del mismo año. Pese a estos registros, logró mantenerse oculto por más de diez años.
La PNC también informó que el hombre habría sido guardaespaldas del presunto narcotraficante Byron Humberto Vargas Sosa, condenado a 90 años de prisión por el asesinato de tres adolescentes en 2008 en Estanzuela, Zacapa. Cojoc Quej habría huido tras ese proceso judicial.
Supuesto pastor evangélico detenido
Por tres órdenes de captura por asesinatoEn Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz, investigadores de la División de Información Policíal #DIP, mediante trabajo y vigilancia de campo capturan a Mario Enrique Cojoc Quej, de 41 años, pic.twitter.com/f7mqLq8rEn
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) December 6, 2025
Las investigaciones indican que Cojoc Quej podría estar vinculado al mismo caso por el cual Vargas Sosa recibió su condena. En ese expediente, el Ministerio Público señaló que los guardaespaldas participaron en la ejecución de los crímenes y posteriormente escaparon.
Cojoc Quej fue uno de los prófugos mencionados en los informes del Ministerio Público de 2015, cuando se confirmó la condena de Vargas Sosa por el triple asesinato. Tanto él como otro guardaespaldas fueron declarados culpables en aquel juicio, pero Cojoc Quej logró fugarse antes de ser detenido nuevamente.
La captura en Guatemala ocurre en un contexto regional donde los países de Centroamérica buscan fortalecer los mecanismos de investigación criminal, especialmente en casos relacionados con violencia organizada y redes vinculadas al narcotráfico.
