Diputados guatemaltecos impulsan cambios al Código Procesal Penal para impedir que reincidentes acusados de portación ilegal de armas enfrenten sus procesos en libertad. La propuesta surge en medio de reclamos por la liberación de presuntos delincuentes y busca fortalecer los mecanismos de seguridad en el país.
Los legisladores presentaron una iniciativa para reformar el artículo 264 del Código Procesal Penal y endurecer las restricciones contra personas detenidas por portar armas de fuego sin la licencia correspondiente.
La propuesta es liderada por el primer vicepresidente del Congreso, Nery Ramos, junto a los diputados Karina Paz, Gustavo Cruz y Jairo Orellana. El objetivo es impedir que reincidentes señalados por este delito accedan a medidas sustitutivas mientras se desarrolla el proceso judicial.
De aprobarse, la reforma incorporaría la portación ilegal de armas de uso civil o deportivo, así como la tenencia o portación de armas con números alterados o no registradas ante la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam), dentro de los delitos que no podrán beneficiarse de estas medidas.
Los impulsores de la iniciativa argumentan que actualmente existen mecanismos legales que permiten a algunos acusados recuperar su libertad poco después de ser capturados, incluso cuando registran antecedentes o reincidencia en delitos relacionados con armas de fuego.
Ramos afirmó que la propuesta busca cerrar esos espacios legales y contribuir a mejorar los indicadores de seguridad. Según el legislador, es necesario poner fin a lo que calificó como un “círculo vicioso” que facilita el regreso de presuntos delincuentes a las calles mientras continúan los procesos judiciales.
El diputado también subrayó que la iniciativa no limita el derecho constitucional de los ciudadanos a poseer y portar armas legalmente registradas. Por el contrario, sostuvo que la reforma está dirigida exclusivamente contra quienes incumplen los requisitos establecidos por la ley y representan un riesgo para la seguridad pública.
Actualmente, el artículo 264 permite a los jueces sustituir la prisión preventiva por otras medidas cuando consideran que no existe peligro de fuga ni riesgo para la investigación. La propuesta deberá ser discutida en las comisiones legislativas antes de avanzar al pleno del Congreso para su eventual aprobación.