Las autoridades del estado de Florida deportaron en 2025 a 5,346 migrantes centroamericanos, como parte de la política de control migratorio impulsada por el gobernador republicano Ron DeSantis, quien presentó estas cifras como evidencia del “éxito” de su estrategia antimigrante.
De acuerdo con datos divulgados por el propio DeSantis en su primera conferencia de prensa del año, la cifra de centroamericanos deportados se desprende de los arrestos y expulsiones realizadas bajo la Operación Tidal Wave, un programa de cooperación entre Florida y el Gobierno federal iniciado en abril de 2025.
Según el desglose oficial, entre los arrestados figuran 3,435 guatemaltecos, 1,353 hondureños y 312 salvadoreños, a los que se suman los 217 ciudadanos nicaragüenses y 29 panameños no detallados previamente en el informe estatal, lo que eleva el total centroamericano a 5,346 personas.
20,000 detenciones en Florida
El gobernador aseguró que la Operación Tidal Wave ha derivado en más de 10 mil arrestos de personas en situación migratoria irregular, cifra que, al agregarse a otras acciones locales, eleva a cerca de 20 mil el total de detenciones migratorias en Florida durante 2025.
En cuanto a las deportaciones, DeSantis indicó que el centro de detención del noreste de Florida —en la antigua prisión Baker— ejecutó 93 vuelos de expulsión, trasladando a casi 3,000 personas a sus países de origen.
Estas deportaciones forman parte de un universo mayor de migrantes detenidos, cuyo número total el gobernador presentó como un hito de su política de “aplicación estricta de la ley”.
Anuncia nueva cárcel
A estas cifras se suman deportaciones desde otra instalación en los Everglades, conocida informalmente como “Alligator Alcatraz”, cuyo número exacto no fue precisado por las autoridades estatales.
DeSantis anunció además planes para abrir un nuevo centro de detención en el noroeste de Florida, denominado “Panhandle Pokey”, pendiente de autorización federal, así como la evaluación de una “opción adicional” en el sur del estado.
Las medidas son criticadas por legisladores demócratas de Florida, que acusan a la administración estatal de extralimitarse en sus competencias y de incurrir en posibles violaciones a los derechos civiles de los migrantes.