Fiscalía guatemalteca pide cerrar proceso contra líderes indígenas

La Fiscalía solicitó sobreseer el proceso por terrorismo contra dirigentes vinculados a las protestas de 2023 que defendieron los resultados electorales que dieron la victoria a Bernardo Arévalo.

Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de los 48 Cantones de Guatemala, dos de los líderes indígenas procesados.

El Ministerio Público de Guatemala solicitó este jueves cerrar el proceso penal contra cuatro líderes indígenas acusados de terrorismo por su participación en las manifestaciones de octubre de 2023, convocadas en respaldo de los resultados electorales que dieron la victoria al actual presidente Bernardo Arévalo.

Durante la audiencia de etapa intermedia, el fiscal Cristian Arturo Beteta explicó que un nuevo peritaje antropológico e institucional determinó que las protestas respondieron a decisiones adoptadas por asambleas comunitarias en ejercicio de la libertad de expresión y la legítima defensa, por lo que descartó los delitos de terrorismo, sedición y asociación ilícita incluidos inicialmente en la acusación.

“Resulta lógicamente inviable para el Estado sostener esta acusación. La voluntad de los cuatro sindicados se encuadra dentro de las causas de exclusión de la responsabilidad penal”, afirmó Beteta ante el juez Mynor Moto, después de retirar la petición original para que los cuatro dirigentes enfrentaran juicio.

La solicitud de sobreseimiento representa un cambio en el curso del proceso respecto de la persecución penal impulsada inicialmente por el Ministerio Público durante la gestión de la exfiscal general Consuelo Porras. El juez todavía deberá decidir si acepta la petición presentada por la Fiscalía.

Entre los procesados se encuentran Luis Pacheco y Héctor Chaclán, integrantes de la junta directiva de los 48 Cantones de Totonicapán, quienes permanecieron más de 15 meses en prisión preventiva antes de recibir arresto domiciliario en agosto.

Esteban Toc y Basilio Puac también enfrentan el proceso bajo esa misma medida.

Las acusaciones se originaron después de las movilizaciones de 2023, que incluyeron bloqueos de carreteras y concentraciones frente a la sede del Ministerio Público. Los manifestantes exigieron entonces la renuncia de Porras y defendieron los resultados de las elecciones presidenciales ganadas por Arévalo frente a los intentos de revertirlos.

El juez Moto aplazó su resolución y convocó a las partes para este viernes a las 10:00 de la mañana, cuando deberá pronunciarse sobre la solicitud de sobreseimiento presentada por el Ministerio Público y determinar el futuro del proceso contra los cuatro dirigentes indígenas.

A su salida del tribunal, Pacheco, también exviceministro de Energía y Minas durante el Gobierno de Arévalo, declaró que “las manifestaciones fueron pacíficas” y expresó su expectativa de que las resoluciones “sigan apegadas a derecho para ir retomando la credibilidad en la justicia”.

 

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