El Ministerio Público de Honduras solicitó órdenes de captura contra 6 exfuncionarios del gobierno de Juan Orlando Hernández, involucrados en un caso de presunta corrupción durante la pandemia. La acusación se centra en la compra de equipamiento médico defectuoso, específicamente ventiladores mecánicos que nunca funcionaron.
Según la investigación de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública, el perjuicio a la población hondureña asciende a más de 63 millones de lempiras (aproximadamente 2.6 millones de dólares).
Entre los exfuncionarios se encuentran 2 exministros de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, Lisandro Rosales y Gabriel Rubí, quienes también han sido acusados de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
El Ministerio Público señala que estos exfuncionarios aprovecharon la crisis sanitaria para enriquecerse ilícitamente.
“Llenaron sus cuentas bancarias con dinero manchado de sangre y lágrimas”, afirma el comunicado oficial.
Además de los exministros, se ha procesado a la excónsul de Honduras en Nueva York, Jessica Canahuati Farah, y a otros 3 servidores públicos de menor rango (2 de ellos fueron capturados el mismo lunes).
Las autoridades continúan en la búsqueda de los demás implicados, cuyo paradero actual es incierto.
El comunicado del Ministerio Público destaca que los acusados manipularon el proceso de adquisición, realizando transferencias bancarias sin la debida documentación y omitiendo la recepción oficial de los ventiladores. Se indica que los equipos recibidos estaban incompletos y aún permanecen almacenados en hospitales.
Todos los acusados trabajaron en el gobierno entre 2018 y 2022, durante el mandato de Hernández, quien actualmente cumple 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico. Otros exfuncionarios del gobierno, como Ebal Díaz y Ricardo Cardona, han huido a Nicaragua, enfrentando acusaciones por actos de corrupción.
