Fiscalía de Honduras pide 36 años de prisión contra “La Madrastra” por abusos sexuales agravados a menores

El proceso judicial en San Pedro Sula pone en foco la gravedad de los delitos contra menores y podría marcar un precedente en la aplicación de penas por abuso en el entorno familiar.

Katherine Yulibeth Romero Sorto es acusada de diferentes delitos sexuales.

El Ministerio Público de Honduras solicitó una condena de 36 años de prisión contra Katherine Yulibeth Romero Sorto, conocida como “La Madrastra”, tras ser declarada culpable de delitos sexuales contra 2 menores bajo su custodia. El caso, ocurrido en San Pedro Sula, ha generado fuerte impacto por la duración de los abusos y la relación de confianza entre la acusada y las víctimas.

La petición fiscal se sustenta en agravantes como el vínculo familiar y la minoridad de las víctimas, lo que eleva la gravedad de la pena solicitada. De confirmarse, sería una de las condenas más severas en este tipo de delitos en Honduras.

De acuerdo con el expediente judicial, los abusos no fueron hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que se prolongó durante seis años. Las agresiones habrían comenzado cuando los menores tenían 11 y 7 años, respectivamente.

La investigación estableció que la acusada aprovechaba la ausencia del padre por motivos laborales para cometer los delitos. Según la fiscalía, utilizó su rol de cuidadora para manipular y amenazar a las víctimas, manteniendo el silencio durante años.

La mujer habría abusado de sus hijastros, menores de edad.

El fallo condenatorio, emitido el 10 de marzo, se apoyó en pruebas consideradas “contundentes” por el tribunal. Los testimonios de los menores fueron recabados mediante Cámara Gesell, lo que permitió resguardar su integridad durante el proceso.

Además, peritajes forenses y evidencia digital reforzaron la acusación. Informes médicos confirmaron daños emocionales severos y síntomas compatibles con trauma prolongado, según datos presentados por el Ministerio Público.

La detención de Romero Sorto se realizó en mayo de 2025 en un centro comercial de San Pedro Sula, tras una denuncia interpuesta por el padre de los menores. Desde entonces, permanece bajo prisión preventiva en la cárcel de Támara.

El tribunal deberá anunciar en los próximos días la sentencia definitiva. La resolución es seguida de cerca en Honduras, donde el caso ha reavivado el debate sobre la protección de la niñez y la respuesta judicial ante delitos sexuales en el ámbito familiar.

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