Luego de varios días de especulación sobre su estado de salud y ausencia pública, la fiscal general de la República, Consuelo Porras, afirmó este lunes que continúa ejerciendo sus funciones “con compromiso y responsabilidad”. La declaración se dio tras una diligencia oficial de exhibición personal que confirmó su integridad física y presencia activa en el Ministerio Público (MP).
La diligencia fue realizada por la jueza del Juzgado de Paz Penal de Faltas de Turno, acompañada de su secretario y oficial, como parte del proceso legal impulsado por el abogado Rafael Maldonado. Este presentó el recurso legal en horas de la tarde, con el objetivo de verificar el bienestar de la jefa del MP ante la falta de información oficial y los rumores difundidos en redes sociales.
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Este día se realizó la diligencia de exhibición personal a favor de la Dra. @Mconsueloporras, Fiscal General de la República y Jefe del Ministerio Público.
Para el desarrollo de la misma, se hizo presente la Jueza del Juzgado de Paz… pic.twitter.com/OSIdNNAN2C
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 24, 2025
“Hoy sigo cumpliendo con mis funciones con compromiso y responsabilidad”, expresó Porras, aclarando que su ausencia no responde a motivos de salud y reiterando su continuidad en el cargo.
Maldonado explicó que la acción fue motivada por las recientes declaraciones del presidente Bernardo Arévalo, quien señaló que el Ejecutivo “aún analiza qué medidas tomar” respecto a la situación de la fiscal general. “Sinceramente no aparece; mejor lo presentamos”, dijo el abogado, añadiendo que su principal interés era aclarar públicamente si Porras seguía en funciones o se encontraba enferma.
Hoy sigo cumpliendo con mis funciones con compromiso y responsabilidad.
Ante los rumores, se realizó una diligencia de exhibición personal por parte de la autoridad competente, quien confirmó mi buen estado de salud y mi presencia activa al frente del @MPguatemala. pic.twitter.com/f8JveAuJ6I
— María Consuelo Porras (@Mconsueloporras) June 24, 2025
La figura de la exhibición personal, contemplada en la Ley de Amparo, permite que cualquier ciudadano solicite judicialmente la verificación del estado físico y libertad de una persona cuando hay sospechas de detención ilegal o coacción. En este caso, el tribunal cumplió con el procedimiento en menos de 24 horas.
La acción legal también fue impulsada por la creciente presión social. Organizaciones como la Alianza por las Reformas habían instado al Ejecutivo a presentar el recurso, lo que sumó atención al tema. Finalmente, la confirmación judicial de que la fiscal se encuentra en condiciones óptimas cierra —al menos por ahora— la incertidumbre institucional que rodeaba al Ministerio Público.