Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas expresó alarma por denuncias de adopciones ilegales internacionales ocurridas entre 1968 y 1996 en Guatemala.
Los especialistas señalaron el presunto papel de María Consuelo Porras Argueta, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, en hechos que aún no han sido investigados de forma independiente.
Denuncias sobre adopciones ilegales y desapariciones forzadas
Según la información recibida por los expertos, al menos 80 niños indígenas fueron sometidos a adopciones ilegales internacionales. Las víctimas habrían sido institucionalizadas en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” tras su captura y desaparición forzada.
El comunicado indica que estos hechos ocurrieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. Además, los expertos señalaron que las madres afectadas no han recibido reconocimiento ni reparaciones adecuadas.
Las adopciones ilegales pueden incluir fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos y ausencia de consentimiento libre e informado de los padres biológicos. También pueden implicar beneficios económicos indebidos para intermediarios.
Señalamientos contra la fiscal general
Los expertos pidieron una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la presunta participación de funcionarios públicos. Entre ellos mencionaron a María Consuelo Porras Argueta.
#Guatemala – Hoy, mis colegas y yo expresamos nuestra preocupación por la información recibida recientemente que vincula a la actual Fiscal General y Jefa del Ministerio Público de Guatemala, María Consuelo Porras Argueta, con un proceso de adopciones ilegales de al menos 80…
— Margaret Satterthwaite (@SRjudgeslawyers) February 16, 2026
De acuerdo con la información citada, Porras habría fungido como “tutora legal” de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982.
El pronunciamiento se emitió mientras avanza un proceso de nombramiento judicial en Guatemala. Además, Porras aspira a un cargo en la Corte de Constitucionalidad y podría ser nominada para la reelección como fiscal general.
Llamado a cautela en procesos de nombramiento
Los expertos recordaron que ninguna persona con alegaciones creíbles de violaciones a derechos humanos debe ser preseleccionada o nombrada sin una investigación previa.
También subrayaron que las víctimas tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Esto incluye acceso a procesos penales, mecanismos judiciales y garantías de no repetición.
Obligaciones del Estado guatemalteco
El grupo afirmó que el Estado tiene la obligación de prevenir, investigar y sancionar violaciones relacionadas con adopciones ilegales y desapariciones forzadas.
Asimismo, indicaron que mantienen comunicación con las autoridades guatemaltecas sobre el caso.
El comunicado fue respaldado por integrantes del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y por relatores especiales sobre independencia judicial, violencia contra mujeres, tortura y trata de personas.
Los expertos actúan en el marco de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Desempeñan sus funciones de forma independiente y no reciben salario por su labor.