El juez guatemalteco Fredy Orellana, conocido por sus polémicas resoluciones contra el partido oficialista Movimiento Semilla, vuelve a estar en el centro de una tormenta política y judicial. Tras declarar la nulidad de ese partido, enfrenta denuncias administrativas y penales que podrían llevar a su destitución.
El presidente Bernardo Arévalo pidió públicamente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que remueva a Orellana, acusándolo de “atentar contra la Constitución y la voluntad popular”. La solicitud se suma a las acciones del Colegio de Abogados y Notarios, que presentó una denuncia ante la Junta de Disciplina Judicial. Esa instancia deberá determinar si el juez incurrió en faltas graves o gravísimas.
Los cuestionamientos se basan en que Orellana aplicó la Ley contra la Delincuencia Organizada al caso de un partido político, algo que, según expertos, solo puede hacer el Tribunal Supremo Electoral. El abogado constitucionalista Luis Fernando Paiz calificó la decisión como “un atentado contra el régimen democrático”.
Además, abogados señalan que el juez ha restringido el acceso a expedientes judiciales, vulnerando el derecho a la defensa en varios procesos, incluidos los del periodista José Rubén Zamora y líderes indígenas. Para el abogado Javier Urízar, esas prácticas constituyen violaciones al debido proceso y discriminación en el ejercicio del cargo.
La Ley de la Carrera Judicial establece que las “faltas gravísimas” pueden derivar en suspensión sin salario o destitución. Entre ellas, figuran interferir en funciones de otros organismos del Estado o aceptar favores de las partes. Según los expertos, Orellana habría incurrido en varias de esas conductas.
El caso revive el debate sobre la independencia judicial en Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ratificó recientemente que los resultados electorales de 2023 siguen vigentes y advirtió a Orellana que no puede contradecirlos. Sin embargo, el juez mantiene sus resoluciones en curso, pese a que acumula 42 sanciones internacionales y múltiples denuncias internas archivadas.
Para analistas, el caso expone una crisis estructural en el sistema judicial guatemalteco, donde la rendición de cuentas de los jueces depende de un proceso controlado por la misma Corte Suprema. “Si no hay voluntad política, ningún proceso avanzará”, dijo Paiz.
El desenlace del caso Orellana podría definir el rumbo del sistema judicial guatemalteco en medio de una creciente presión interna y externa por garantizar el Estado de derecho y crecientes denuncias de corrupción y prevaricato.
