Las estafas informáticas y la suplantación de identidad concentran la mayoría de los delitos cibernéticos en Costa Rica, según el informe Estado de la Ciberseguridad en Costa Rica 2025, elaborado por el Laboratorio de Investigación, Desarrollo e Innovación en Ciberseguridad (LabCIBE) de la Universidad Nacional.
Entre 2018 y agosto de 2025, el país registró 40,457 denuncias por ciberdelitos, de las cuales el 62.1 % corresponde a estafas informáticas (25,100 casos) y el 21.7 % a suplantación de identidad (8,757), evidenciando una fuerte concentración en estas modalidades.
El estudio, que incorpora datos del Organismo de Investigación Judicial, señala que el 84 % de los delitos se agrupa en estas dos categorías, lo que confirma que la principal vulnerabilidad no es tecnológica, sino humana.
“Estos datos son realmente preocupantes y, al ser datos preocupantes, también nos obliga a tener posiciones serias para tomar decisiones prontas como país”, afirmó Édgar Vega, coordinador del Labcibe.
El crecimiento de la ciberdelincuencia ha sido acelerado en los últimos años. Entre 2023 y 2024, las denuncias aumentaron un 96.7 %, al pasar de 5,287 a 10,398 casos, mientras que en lo que va de 2025 ya se contabilizan 10,598 denuncias, superando el total del año anterior.
“En lo que va de 2025, con datos hasta agosto, se superó el total del año anterior con 10.598 denuncias”, explicó el investigador Roberto Lemaitre, quien advirtió que el fenómeno se ha multiplicado por 6.4 desde el inicio del registro.
A nivel territorial, el 79 % de los casos se concentra en la Gran Área Metropolitana, liderada por San José con el 38.2 %, seguido de Alajuela (19.2 %), Heredia (11.4 %) y Cartago (10.4 %), lo que refleja mayor actividad digital y densidad poblacional.
En cuanto al perfil de las víctimas, el 86 % tiene entre 18 y 64 años, con mayor incidencia en el grupo de 30 a 39 años (25.2 %). La distribución por sexo es casi equilibrada, con un 49.9 % de mujeres y un 45.7 % de hombres.
El informe concluye que la ciberdelincuencia dejó de ser un fenómeno aislado para convertirse en un problema estructural que afecta la seguridad pública, económica y social del país.
“Es algo que tenemos establecido y definitivamente ya hay grupos cibercriminales totalmente operativos dentro de nuestro sector país”, indicó Roberto Lemaitre, quien añadió que los delincuentes “están hackeando la confianza de las personas en los diferentes servicios que utilizan”.
