Organizaciones que integran la Plataforma Unida por la Democracia (PUDE) denunciaron este jueves la entrega de más de 565,000 hectáreas del territorio nicaragüense a empresas chinas para actividades mineras, en un proceso que calificaron como “saqueo sistemático” de los recursos naturales y violación de derechos indígenas.
Una de las concesiones más recientes fue aprobada el 25 de septiembre de 2025 y benefició a tres compañías chinas con un área de 85,000 hectáreas, según confirmó PUDE. En total, entre octubre de 2023 y octubre de 2025, al menos ocho empresas de capital chino han recibido más de 25 concesiones sin que existiera consulta ni consentimiento previo a las comunidades afectadas.
La cifra total de territorio entregado —según datos del Diario Oficial La Gaceta— asciende a 565,751 hectáreas, equivalentes a 5,657.5 kilómetros cuadrados, lo que representa el 4.35 % del territorio nacional, una superficie mayor que departamentos como Managua, Estelí o Chinandega.
PUDE advirtió que varias de estas concesiones fueron otorgadas dentro de áreas protegidas, como la Reserva Biológica Indio Maíz, el Refugio de Vida Silvestre Los Guatuzos y otras zonas dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, violando normas ambientales nacionales e internacionales.
“La dictadura sandinista ha manipulado el marco legal para legitimar la minería ilegal y facilitar un ecocidio en áreas protegidas y territorios indígenas”, alertó la plataforma en su comunicado.
Agregaron que esta política representa una grave violación a la Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica.
El presidente de la Fundación Nicaragüense Americana, Manuel Prado, de origen miskitu y radicado en Houston, Texas, denunció que en los últimos 24 meses se han entregado 250,000 hectáreas a empresas chinas únicamente en la región norte de La Musquitia.
Prado señaló que estas tierras son usadas para ganadería ilegal y extracción de oro, lo que ha generado desplazamiento forzado y limpieza étnica contra comunidades originarias.
Con el precio internacional del oro alcanzando los $4,000 por onza troy, se teme que el proceso de despojo y destrucción se acelere aún más en beneficio de intereses chinos y de la élite gobernante, denunció PUDE.
La plataforma exigió la anulación inmediata de todas las concesiones ilegales y un respeto irrestricto a los derechos territoriales de los pueblos indígenas. Además, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos a condenar estas acciones y tomar medidas concretas ante lo que consideran una amenaza directa a la democracia, la justicia ambiental y la soberanía nacional.