La Misión Especial de la OEA en Guatemala informó que da seguimiento a las elecciones de segundo grado vinculadas a la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031. El proceso lo conduce el Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos (USAC). Dicho consejo está encargado de nombrar magistratura titular y suplente.
En este contexto, la Misión tomó nota de la postulación de María Consuelo Porras, la polémica y sancionada fiscal general y jefa del Ministerio Público. Ella presentó su expediente para optar al cargo en representación del CSU.
Observación sobre la legalidad del órgano elector
La OEA recordó que la CC es garante del orden constitucional y del Estado de derecho. Por ello, indicó que las designaciones deben realizarse mediante procedimientos transparentes y por órganos regularmente integrados.
La Misión reiteró que la renovación pendiente del CSU, ordenada por sentencia de la CC, resulta indispensable. Mientras persista ese incumplimiento, advirtió, cualquier designación se desarrolla en un escenario cuestionado, con riesgo de impugnaciones y tensiones constitucionales.
Criterios para evaluar candidaturas
Según el comunicado, los procesos de elección indirecta deben regirse por idoneidad, probidad, independencia e integridad. Además, la evaluación debe ser pública, objetiva y transparente, con revisión verificable de trayectorias y antecedentes.
Comunicado de la Misión OEA en Guatemala sobre postulación de Fiscal General y Jefa del Ministerio Público a Magistrada de Corte Constitucionalidad
🔗https://t.co/jzwYDLYFWg pic.twitter.com/dKsazPQdPk
— OEA (@OEA_oficial) February 9, 2026
La OEA señaló que la valoración debe considerar la conducta funcional previa, el respeto a los derechos humanos y el impacto institucional de decisiones adoptadas en cargos públicos.
Señalamientos internacionales al Ministerio Público
La misión recordó que el Consejo Permanente de la OEA aprobó en diciembre de 2023 una resolución que expresó grave preocupación por acciones del Ministerio Público que afectaron la transición democrática. Dicha resolución condenó abusos de poder y conductas incompatibles con la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.
Asimismo, citó pronunciamientos de la CIDH, su Relatoría para la Libertad de Expresión y mecanismos de la ONU. Estos mecanismos documentaron un patrón de criminalización contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos. Además, identificaron procesos penales cuestionados y exilios forzados.
Llamado a escrutinio reforzado
Sin prejuzgar méritos jurídicos, la OEA enfatizó que la postulación de personas señaladas en resoluciones interamericanas exige una motivación especialmente rigurosa y un escrutinio objetivo reforzado. Además, la Misión subrayó que la legitimidad y credibilidad de la CC dependen del análisis serio de estos antecedentes.
Finalmente, la OEA anunció que continuará observando las elecciones de segundo grado para la CC y reiteró su disposición a brindar cooperación técnica, con un llamado a actuar con responsabilidad constitucional, respeto democrático y compromiso con los derechos humanos.
