En una decisión que expone las fisuras del sistema migratorio estadounidense y su vínculo con políticas exteriores controvertidas, la Corte Suprema de Estados Unidos ha instado a la administración de Donald Trump a permitir el retorno de Kilmar Abrego García, un joven salvadoreño deportado por error y recluido actualmente en la megacárcel salvadoreña conocida como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
Abrego, de 24 años, vivía legalmente en Maryland y estaba casado con una ciudadana estadounidense.
Su deportación, atribuida por las autoridades a un “error administrativo”, ha desatado una tormenta política y jurídica.
El Supremo, en una resolución firmada por tres jueces liberales, ordenó al Gobierno “facilitar” su regreso y continuar el proceso migratorio como si la expulsión jamás hubiera ocurrido.
Sin embargo, la Corte no fijó un plazo para su retorno ni dio detalles sobre cómo se debe ejecutar la orden, remitiendo esas decisiones al tribunal del Distrito de Columbia.
BREAKING: The U.S. Supreme Court will require the Trump Administration to “facilitate” the release of immigrant Kilmar Abrego Garcia from the prison in El Salvador.
“The order properly requires the Government to facilitate Abrego Garcia’s release form custody in El Salvador and… pic.twitter.com/vZCuvQTnnh
— Ed Krassenstein (@EdKrassen) April 10, 2025
La medida busca evitar conflictos con las competencias del Ejecutivo en materia de relaciones exteriores, aunque no oculta una dura crítica al proceder del Gobierno.
“La lógica del Ejecutivo permitiría la deportación y encarcelamiento de cualquier persona, incluso ciudadanos estadounidenses, sin consecuencias legales antes de que los tribunales puedan intervenir”, advirtió el fallo.
Abrego huyó de El Salvador años atrás, alegando persecución de la pandilla Barrio 18. Ahora está recluido en el CECOT, la prisión de máxima seguridad más grande de Latinoamérica.
La administración Trump sostuvo, sin pruebas públicas, que Abrego era miembro de la pandilla MS-13 y por tanto no debe regresar.
Este caso se enmarca en un polémico acuerdo entre Washington y el presidente salvadoreño Nayib Bukele, mediante el cual Estados Unidos transfiere migrantes detenidos directamente al CECOT.
A cambio, el gobierno estadounidense destina $6 millones anuales para apoyar el sistema carcelario salvadoreño. El
pacto ha sido duramente cuestionado por su opacidad y sus posibles violaciones al derecho internacional y constitucional.
“Esto sienta un precedente peligroso”, denunció Ama Frimpong-Houser, abogada de Abrego, en declaraciones a la agencia EFE.
“El Gobierno puede sacar a alguien de las calles, desaparecerlo en días en otro país y lavarse las manos. Todos estamos en riesgo”.
Hasta ahora, al menos 232 migrantes —la mayoría venezolanos— han sido enviados desde EE.UU. al CECOT bajo acusaciones de vínculos con el crimen organizado. Pero según un informe reciente de Bloomberg, el 90 % de ellos no tiene antecedentes penales en territorio estadounidense.