El gobierno de Nayib Bukele esperaba con ansias que se cumpliera la cifra: oficialmente 1,000 días sin homicidios desde que el popular presidente asumió el poder el 1 de junio de 2019.
Y aunque desde el Ejecutivo lo promocionan con bombo y platillo, los críticos del popular mandatario lo siguen cuestionando por la vulneración de derechos humanos en medio de un régimen de excepción impuesto desde marzo y prorrogado en 42 ocasiones.
La seguridad que cambia la percepción ciudadana
En varias zonas del país, las calles muestran un ambiente diferente al de años anteriores. La violencia letal ha disminuido y los habitantes perciben mayor seguridad.
Hace una década, el país era el más violento del hemisferio.
La seguridad ciudadana convive con debates sobre las estrategias empleadas y sus efectos sobre los derechos fundamentales.
El Gobierno ha señalado que las medidas de seguridad incluyen capturas masivas de pandilleros y control territorial, que contribuyeron a la reducción de homicidios. Aunque el presidente Bukele dejó temporalmente la presidencia por su reelección, el Ejecutivo asegura que la continuidad de las políticas de seguridad se mantuvo intacta.
Los defensores de derechos humanos, en cambio, advierten que estas acciones pueden comprometer garantías procesales y libertades civiles. Las detenciones masivas y la extensión del régimen de excepción son motivo de preocupación internacional y nacional, generando un debate sobre cómo equilibrar seguridad con derechos.
Retos y sostenibilidad
Expertos señalan que la reducción de homicidios es un indicador positivo, pero que su sostenibilidad dependerá de un enfoque integral que combine prevención social, fortalecimiento institucional y respeto a la ley. Mantener estos niveles de seguridad requiere más que medidas estrictas; implica políticas que garanticen justicia, desarrollo y protección de los derechos ciudadanos.
El hito de 1,000 días sin homicidios marca un cambio en la narrativa de violencia en El Salvador, pero no puede ser leído solo como un éxito absoluto. La seguridad ha mejorado, sí, pero los cuestionamientos sobre el enfoque del Gobierno y las implicaciones sobre derechos humanos permanecen.
La historia de estos días sin homicidios es, entonces, un balance entre reducción de violencia y vigilancia sobre la legalidad y las libertades fundamentales.