El peligro de las coheterías clandestinas en Guatemala: tres tragedias mortales revelan la falta de control

Las explosiones en zonas rurales y urbanas exponen la falta de control estatal y el riesgo para miles de familias que dependen de la pirotecnia artesanal.

En esta temporada aumenta la producción de pirotecnia.

La fabricación clandestina de pólvora sigue siendo una de las actividades más peligrosas y menos reguladas en Guatemala. Entre la precariedad económica y la ausencia de controles estatales, comunidades enteras, incluidos niños y adolescentes, trabajan en entornos donde un descuido puede significar una tragedia.

En varias regiones del país, la pirotecnia artesanal continúa siendo el único sustento para muchas familias. La falta de empleo formal y la escasa presencia del Estado obligan a que menores participen en tareas como limpieza, empaquetado o manipulación ligera de pólvora. Esto ocurre pese al alto riesgo. Expertos señalan que la responsabilidad no es de los pobladores, sino de las condiciones estructurales que los empujan a trabajos peligrosos.

Las consecuencias han sido devastadoras. En noviembre de 2024, una explosión en San Juan Sacatepéquez provocó la muerte de una mujer de 61 años, en un incidente donde incluso los socorristas fueron bloqueados inicialmente por los familiares. Un mes después, dos niños de 5 y 6 años murieron en Sacatepéquez tras un incendio relacionado con materiales pirotécnicos almacenados en una vivienda.

El 17 de noviembre de 2025, otra explosión en San Raymundo dejó dos fallecidos, varios heridos y dos desaparecidos. Los socorristas trabajaron entre detonaciones secundarias. Esto reflejó el enorme peligro que enfrentan tanto las familias como los equipos de emergencia en este tipo de incidentes.

Al menos tres incidentes se registraron el último año.

Instituciones como la Procuraduría General de la Nación advierten que el trabajo infantil en entornos con material explosivo constituye una grave violación de derechos. También es considerado “trabajo prohibido”. La entidad recuerda que investiga denuncias y garantiza la defensa de los menores expuestos a labores peligrosas.

La Procuraduría de los Derechos Humanos ha pedido reforzar las inspecciones laborales. También impulsa campañas preventivas y promueve alternativas económicas que reduzcan la dependencia de la pólvora artesanal. El Ministerio de Trabajo, por su parte, señala que debe velar por el cumplimiento de los convenios internacionales. Estos prohíben exponer a niños y adolescentes a actividades de riesgo.

Mientras no existan opciones económicas reales para estas comunidades, los expertos advierten que la problemática seguirá creciendo. Para muchas familias, la pirotecnia no es una elección: es la única forma de sobrevivir. Esto ocurre aun cuando signifique trabajar entre explosivos y vivir bajo el miedo constante a la próxima tragedia.

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