El Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador se convirtió en referencia para proyectos de grandes complejos penitenciarios en América Latina, según un análisis de InSight Crime que identifica propuestas en 10 países desde 2023.
La prisión en cuestión también es conocida como la megacárcel de Nayib Bukele, el mandatario salvadoreño.
El informe señala que Honduras, Costa Rica, Perú, Ecuador, Panamá, Guatemala, Colombia, Paraguay y Argentina han impulsado o planteado proyectos de este tipo, aunque no todos han avanzado hasta su construcción.
El modelo salvadoreño marcó el debate regional
El CECOT fue inaugurado en febrero de 2023 en Tecoluca, San Vicente, a unos 70 kilómetros al oriente de San Salvador, con capacidad para 40,000 reclusos. El Gobierno de Bukele lo presentó como una pieza central de su estrategia contra las pandillas.
La política de seguridad comenzó en marzo de 2022, después de una escalada de homicidios atribuida a las pandillas. El régimen de excepción (aún vigente y que se extiende mensualmente en la Asamblea Legislativa) permitió ampliar las detenciones y suspendió temporalmente algunas garantías constitucionales.
La medida debilitó las estructuras de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, pero organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y otras violaciones.
Desde la inauguración de la prisión CECOT en El Salvador en 2023, se han propuesto 16 megacárceles en 10 países de América Latina.
Algunas ya están en funcionamiento, otras siguen en construcción o permanecen estancadas. Lea cómo evoluciona esta tendencia https://t.co/e6BYRYhSaM pic.twitter.com/XhK60dXNwe— InSight Crime Español (@InSightCrime_es) September 1, 2026
Diez países plantearon 16 megacomplejos
En Honduras, el gobierno de Xiomara Castro propuso en su momento una prisión para 20,000 personas. El proyecto para las islas del Cisne quedó descartado por razones ambientales.
Costa Rica y Perú también anunciaron proyectos similares durante los gobiernos de Rodrigo Chaves y Dina Boluarte. En Perú, una propuesta para construir una prisión con capacidad para 30,000 personas en Ananea, Puno, no recibió aprobación.
En Ecuador, el gobierno de Daniel Noboa impulsó nuevas cárceles después de declarar el conflicto armado interno en enero de 2024. El complejo Santa Elena N.º 1, conocido como El Encuentro, ya opera. Además, las autoridades anunciaron otro centro para 15,000 reclusos.
Panamá y Guatemala también comenzaron proyectos penitenciarios de gran escala, aunque algunos todavía no habían iniciado obras, según el análisis.
En Colombia, el presidente Abelardo de la Espriella planteó durante su campaña construir 10 complejos penitenciarios de este tipo.
Paraguay y Argentina se suman a la tendencia
Paraguay puso en funcionamiento la nueva cárcel de Minga Guazú, en Alto Paraná, con capacidad para poco más de 1,300 internos de alta seguridad. Los traslados masivos comenzaron en agosto de 2025.
En Argentina, las autoridades construyen el Complejo Penitenciario Federal de Rosario, conocido como CERIAP o “El Infierno”, en una zona ubicada a menos de 16 kilómetros de la ciudad.
El caso argentino está vinculado a la violencia y el narcotráfico que afectan a Rosario, uno de los principales focos de criminalidad del país.
InSight Crime cuestiona el tamaño como solución
El análisis señala que ninguna de estas iniciativas ha reproducido los resultados atribuidos al modelo salvadoreño. Además, considera que el tamaño de una prisión no explica por sí mismo el debilitamiento de las organizaciones criminales.
El informe advierte que cárceles grandes, pero con pocos recursos y personal insuficiente, pueden convertirse en espacios para la expansión de pandillas, negocios ilícitos y disputas territoriales.
El reporte también recuerda que varias organizaciones criminales surgieron o se fortalecieron dentro de prisiones, entre ellas el Tren de Aragua en Venezuela, el Primer Comando de la Capital y el Comando Vermelho en Brasil, además de Los Choneros, Los Lobos y los Tiguerones en Ecuador.
El CECOT presenta condiciones particularmente restrictivas, como aislamiento, ausencia de contacto familiar y celdas sin ventanas. Human Rights Watch ha documentado denuncias de abusos dentro del sistema penitenciario salvadoreño.
Para InSight Crime (un centro de pensamiento que aborda la seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe), la expansión de estos proyectos refleja una tendencia regional que busca responder al crimen organizado mediante el encarcelamiento masivo, aunque sus resultados dependen de factores que van más allá de la infraestructura penitenciaria.