La crisis de Nicaragua dejó de ser un problema exclusivamente interno y amenaza con extender sus consecuencias al resto de la región, advirtió el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin.
El diplomático calificó la situación como un “desastre político” y señaló que el deterioro institucional puede provocar desplazamientos forzados, riesgos para la seguridad y mayores costos económicos para los países vecinos.
A ese escenario ya preocupante se suma el fenómeno de El Niño, que amenaza la producción y el empleo en los 63 municipios del Corredor Seco nicaragüense. Las zonas más vulnerables se extienden desde el lago Cocibolca hasta la frontera con Honduras.
El fenómeno llegó al país en junio y ya es clasificado como fuerte, con posibilidades de intensificarse. La Organización Meteorológica Mundial advirtió que este episodio podría convertirse en uno de los más severos registrados hasta ahora.
La distribución irregular de las lluvias afecta cultivos de maíz, frijol, maní y caña de azúcar, además de la ganadería. En comunidades de Nueva Segovia, al menos 15 días consecutivos sin precipitaciones dejaron plantaciones prácticamente secas durante julio.
El daño también comienza a trasladarse al empleo y al sistema financiero. Ingenios y empresas agrícolas reducen personal, mientras productores endeudados temen no poder pagar sus créditos bancarios si las cosechas no logran recuperarse.
Pese al riesgo, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo no declaró una emergencia ni presentó un plan de apoyo para el sector campesino. La respuesta contrasta con las alertas activadas en El Salvador, Honduras y Panamá ante el avance de la sequía.
En el frente político, la OEA convocó para el 17 de septiembre una reunión de cancilleres respaldada por 29 países. Ramdin espera que la cita permita acordar sanciones y medidas diplomáticas concretas, después de que al menos 16 resoluciones sobre Nicaragua fueran ignoradas desde 2018.