En Nicaragua se está pagando un alto costo por denunciar la desaparición forzada. A los familiares de las víctimas, además de negarles cualquier información sobre su paradero y condición, son intimidadas con el destierro para obligarlas a callar. Muchos de ellos han tenido que abandonar el país dejando atrás todo lo que tienen.
“Dejen de denunciar, si no, los expulsamos del país”. Así amenaza con voz enérgica el viceministro del Interior, Luis Cañas, uno de los principales operadores de la represión política, a los familiares que han podido llegar hasta su despacho, en el tercer piso del Ministerio del Interior.
La reseña anterior se extrae de la documentación de las denuncias que han hecho los familiares de los desaparecidos a defensores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, como lo confirma Salvador Lulio Marenco, coordinador de dicho organismo, radicado en Costa Rica desde el 2019,
“La desaparición forzada se ha institucionalizado en Nicaragua. Hemos pasado de la tortura, a la detención arbitraria y desaparición forzada de las personas y, además, al destierro forzado de los familiares que denuncian los casos. En ese sentido, la represión del gobierno ha tenido un enorme impacto social porque los familiares deben escoger entre callar o el exilio para alzar su voz y continuar denunciando”, explica Marenco.
Este organismo tiene documentado 62 presos políticos, de los cuales casi la mitad están en condición de desaparición forzada debido a que el gobierno totalitario de Daniel Ortega no ha ofrecido ninguna información de ellos tras su apresamiento por agentes policiales y paraestatales.
No existe información sobre 28 de esos presos políticos en ninguna base de datos policiales o del Poder Judicial. Tampoco han tenido contacto con sus familiares. Se sabe que un día fueron capturados por las autoridades, pero no hay ninguna referencia a los delitos que se les imputan.
Las familias han hecho un periplo llegando de despacho en despacho, de una delegación policial a otra; han tocado muchas puertas hasta llegar donde el poderoso viceministro Cañas, sólo para terminar siendo amenazadas con el destierro porque, según el funcionario, “hacen mucho ruido” al denunciar sus casos.
Las denuncias de las desapariciones forzadas en Nicaragua están causando inconformidad en el gobierno de Ortega. El “ruido” que hacen los familiares ha llegado a instancias internacionales. Tal es el caso del informe presentado en Ginebra por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU (GTDFI), que exigió al gobierno nicaragüense informar sobre el paradero de las víctimas.
También el gobierno de los Estados Unidos, a través de la oficina del representante de comercio (USTR), impondrá aranceles a las exportaciones de productos nicaragüenses que no estén cubiertos por el acuerdo CAFTA, a partir del 2026, debido “a las acciones, políticas y prácticas de Nicaragua relacionadas con abusos de los derechos laborales, violaciones de los derechos humanos y libertades fundamentales, y el desmantelamiento del Estado de derecho”.
Sin dudas, el “ruido” de las denuncias está causando problemas a Nicaragua y, por ello, los operadores de la represión, como el viceministro Cañas, amenaza con destierro para silenciar a los familiares de las víctimas.
El impacto social de la desaparición forzada
Aun con el efecto negativo de las denuncias, el gobierno no ha ralentizado la represión. El defensor de derechos humanos, Salvador Lulio Marenco, asegura que la sociedad nicaragüense está ahora frente a una nueva oleada de represión y las autoridades implementan la desaparición forzada como un mecanismo institucionalizado de terror y disuasión.
“Esto se ha vuelto una constante y por eso es que (la desaparición forzada) ha pasado a ser uno de los seis crímenes de la humanidad ocurridos en el país. La mitad de los casos se cometen contra presos políticos: detención arbitraria, tortura, incluyendo violencia sexual”, afirma.
De acuerdo con este defensor de derechos humanos, esta nueva ola represiva ha tenido un impacto considerable a nivel humano y social.
“La incertidumbre que causa el no saber de tu familiar es angustiante. Tiene un efecto directo sobre la familia, de desesperación, porque no sabes si tu hermano, padre o madre, está vivo o muerto; no tienes información sobre cuál es su condición. A su vez esto genera un terror generalizado en la sociedad, por lo que tiene un efecto disuasivo contra la protesta o acciones políticas contra el gobierno”, añade Marenco.
El terror social que causa las desapariciones forzadas se incrementa cuando la víctima aparece fallecida y su cuerpo es entregado a los familiares. Este fue el caso de Mauricio Alonso Petri, apresado el 18 de julio del 2025 y entregado muerto a sus familiares 38 días después.
De acuerdo a las denuncias de organismos de derechos humanos, la víctima se encontraba bajo condición de desaparición forzada. Era miembro de una iglesia perseguida y sus familiares habían recorrido delegaciones policiales y penitenciarías del país en su búsqueda. Las autoridades jamás otorgaron información sobre él, hasta el momento que entregaron su cadáver.
Lo mismo ocurrió con Carlos Cárdenas Cepeda, un abogado de la Iglesia Católica, fue entregado muerto a sus familiares a finales de agosto del 2025. Había estado detenido por espacio de 15 días y, de acuerdo con los relatos, estaba en manos de la Policía Nacional.
Los efectos de la desaparición forzada
La descripción anterior se ajusta a uno de los 3 efectos que causa la desaparición forzada, los cuales fueron resumidos en un estudio hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) de Colombia, un país con un gran bagaje en esta materia.
De acuerdo a ese centro, se tienen registradas 60,630 personas desaparecidas en Colombia producto del conflicto armado que terminó con la desmovilización de las guerrillas en 2016.
En su informe “Hasta encontrarlos. El drama de la desaparición forzadas en Colombia”, el centro resume tres grandes efectos que causa este tipo de violación a los derechos humanos: uno a nivel humano, que implica la pérdida del honor de la persona y las emociones que afloran en sus familiares; daños socioculturales y, finalmente, daños permanentes a nivel económico.
Al implementar la desaparición forzada, el gobierno de Daniel Ortega acusa de delitos inexistentes a las víctimas, señalándolos de narcotraficantes, terroristas o lavadores de dinero. Esto mancha definitivamente la reputación de la persona. En términos emocionales, el sufrimiento de los familiares por la incertidumbre es enorme y, por ende, las afecciones a la salud por estrés acumulado.
El doctor Álvaro Ramírez, epidemiólogo y con una profunda experiencia y estudios en el tratamiento clínico del estrés, asegura que emociones como la ansiedad e incertidumbre generan altos niveles de cortisol y adrenalina en la sangre. Esto puede causar enfermedades crónicas a largo plazo porque, principalmente, esas hormonas no desaparecen del torrente sanguíneo.
“Cuando una persona está sometida a excesivo estrés, permanece intoxicada por las hormonas del estrés por largo periodo de tiempo, 20 o 30 años. Entre más años permanece esa intoxicación en el cuerpo, la persona desarrolla diversas enfermedades crónicas porque esas hormonas no son eliminadas por el cuerpo humano, sino que se mantienen en altas concentraciones por largo periodo de tiempo”, detalla.
En el nivel sociocultural, a la víctima se le extrae de su comunidad y deja un vacío en sus relaciones sociales. Y a nivel económico, deja de aportar al sustento familiar y al desarrollo local en dependencia de su actividad productiva.
El caso la familia Boitano
Uno de los casos que más ilustra los efectos de la desaparición forzada es el de Víctor Boitano Coleman, excoronel del Ejército de Nicaragua. Desde que fue apresado por agentes policiales y paramilitares, el 23 de abril de 2024, su esposa y sus hijos no han tenido noticias de él.
Según confirmó Eugenia Valle, ella tuvo que salir del país para continuar denunciando la desaparición de su esposo, perdiendo todo en el camino. Su familia abandonó su vivienda en Altamira, un barrio de clase media en Managua, valorada en casi 200 mil dólares. También un vehículo nuevo de 27,000 dólares y una camioneta pick up valorada en otros 35,000.
La pérdida económica de la familia Boitano tuvo un impacto enorme. Según Valle, el gobierno de Ortega se quedó con su liquidación laboral cuando decidió dejar de trabajar para el Estado después de una década en su cargo. “A eso hay que sumarle la pensión de mi jubilación, la cual estaba ya pronto a adquirir, pero ellos me la negaron”, añade.
Valle tuvo que escoger sufrir toda esta pérdida económica por exiliarse y no callar la desaparición de su esposo. También para ella y sus hijos fue difícil dejar atrás a solo Boitano en las mazmorras de la dictadura. Pero aunque lo dejaron en esas condiciones, no lo han abandonado porque ella continúa “haciendo ruido” por el caso de su esposo.
Con esa idea, se armó de valor y alzó su voz por su marido ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, durante el 57 período de sesiones celebrado en octubre del 2024.
“Antes de salir del país, yo anduve preguntando por él en diversas oficinas. Tras su captura me fui al Chipote nuevo (centro de detención policial), me dijeron que allí no lo tenían, que fuera a la delegación del Distrito Tres. También me dijeron que allí no estaba. Me dijeron que estaba en La Modelo (cárcel penitenciaria(, tampoco. Fui a Plaza El Sol (oficinas centrales de la Policía Nacional), no me dieron información”, narra.
Valle describe un periplo que terminó con una carta enviada al comisionado general Horacio Rocha, asesor de Daniel Ortega en asuntos de seguridad, y otra enviada al primer comisionado Francisco Díaz, director general de la Policía Nacional. Nunca tuvo respuesta de parte de ellos.
Según el defensor Salvador Lulio Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, lo narrado por Valle demuestra que la desaparición forzada es una política de estado..
Esos efectos tambièn son confirmados por Melvin Peralta, miembro de la Unidad de Presos Polìticos de Nicaragua (UPPN) y quien estuvo detenido en 2019 por el caso conocido como “los aguadores”.
“Una consecuencia humana de las desapariciones forzadas, que la hemos identificado en los presos políticos, es la desintegración familiar. Los hijos, esposos o hermanos de las víctimas han tenido que salir de Nicaragua porque la represión trasciende a ellos. Yo llamaría a este efecto una separación forzada”, explica.
“En lo económico, aunque la familia que huye de la represión deja propiedades, éstas no pueden ser usadas por otros familiares porque, o son expropiadas tendrían consecuencias represivas para el resto de la familia. Y para los que se van, la adaptación en otros países es comenzar desde cero. En síntesis, el impacto es severo”, agrega.
Las afectaciones por esta violación a los derechos humanos se replica en todas las víctimas de desaparición forzada. Desde el 2023 están desaparecidos los dirigentes indígenas Brooklyn Rivera y Elizabeth Enríquez. Sus familiares también han tenido que abandonar el país y dejar atrás sus comunidades de origen y sus patrimonios
Por eso, los efectos de la desaparición forzada trasciende a la víctima misma y afecta a su núcleo familiar y social. Y lo peor es que los familiares de las víctimas deben escoger abandonar todo para proseguir con la denuncia de sus casos y evitar que sus familiares sean olvidados en las mazmorras del régimen orteguista.