La administración Biden planea anunciar este martes la extensión de un estatus temporal de protección para más de 300 mil migrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua, según informó CBS News en su emisión nocturna.
Los beneficiados serían unos 337,000 migrantes de los tres países centroamericanos más ciudadanos de Nepal, una nación de Asia.
La ley de 1990 que autoriza la política de TPS, que la administración Biden ha utilizado a una escala sin precedentes, permite impedir deportación y otorga autorización de trabajo a los migrantes de países acosados por la guerra, el desastre ambiental u otra crisis “extraordinaria”.
La medida de la administración Biden revertirá la decisión de poner fin al TPS para estos cuatro países y otorgará un indulto temporal a los que actualmente están inscritos en el programa. También es probable que sea discutible una demanda de un tribunal federal presentada por defensores que impugnaron las terminaciones del TPS de la era Trump. Una audiencia en ese caso está programada para finales de este mes. Una fuente familiarizada con la planificación de la administración dijo que el anuncio del martes está directamente relacionado con el caso judicial en curso.
A pesar de los llamamientos de los legisladores demócratas y los defensores de los migrantes, la administración no se está moviendo para expandir, o redesignar, los programas TPS para El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Tal medida habría abierto el programa a nuevos solicitantes, haciendo que las llegadas más recientes de estos países sean elegibles para el TPS.
La extensión que se anunciará el martes permitirá a los titulares de TPS existentes de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua seguir viviendo en los EE. UU. durante otros 18 meses, dijeron las fuentes. Hasta finales de 2021, los beneficiarios eran 241.699 salvadoreños, 76.737 hondureños, 14.556 nepalíes y 4.250 nicaragüenses.
Algunos de estos inmigrantes han vivido en los EE. UU. durante décadas y ahora tienen hijos ciudadanos estadounidenses. El programa TPS para El Salvador, por ejemplo, se estableció por primera vez en febrero de 2001 después de un devastador terremoto en el país centroamericano. En el caso de Honduras y Nicaragua tuvo que ver con afectaciones por huracanes.
El TPS permite a los beneficiarios vivir y trabajar en el país sin temor a la deportación, pero no les proporciona un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía.
