Estados Unidos tendría un plazo no mayor a 2 meses para concretar el traslado de Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, para que sea juzgado en ese país por el delito de tráfico internacional de drogas que pesa en su contra y por el que, la justicia costarricense aceptó su extradición.
El fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz, explicó que la ley vigente establece que los países que requieren la extradición tienen un plazo máximo de 2 meses para concretar el traslado, aunque dijo que la justicia norteamericana suele tardar menos de ese período para extraditar a sus procesados.
La admisión de la extradición de “Macho Coca” fue anunciada la semana pasada por el Tribunal Penal de Limón. Diaz dijo que Bell Fernández podría ser transportado en un avión exclusivo de la Administración para el Control de Drogas (DEA) o incluso en un vuelo comercial, aunque eso es decisión de Estados Unidos.
El traslado lo marcan autoridades estadounidenses
El fiscal indicó que la forma de traslado será determinada por las autoridades de Estados Unidos con base a factores operativos y de disponibilidad de aviones de la DEA. Reconoció que el operativo de traslado desde la cárcel hacia el vuelo deberá ser coordinado por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Dirección General de Migración y Extranjería y la DEA.
Previo al día de la extradición, las autoridades costarricenses deberán verificar si “Macho Coca” cuenta con pasaporte vigente, sino Migración tendrá que emitir un documento temporal de salida para registrar su egreso del país en los sistemas migratorios correspondientes.
Asimismo, Diaz recordó que en el aeropuerto, los agentes de la OIJ le quitaran a “Macho Coca” las esposas costarricenses y entonces, la DEA le colocará sus propias esposas para el traslado, lo que simbólicamente significa que Estados Unidos toma control de la custodia del procesado.
Para que la justicia costarricense aceptará la extradición, Estados Unidos se comprometió a juzgarlo solo por el delito señalado, no imponer pena de muerte, tampoco pena perpetua o condenas superiores a los 50 años, porque no están contempladas en las leyes de Costa Rica.
