El Gobierno de Estados Unidos solicitó a Costa Rica la extradición de un salvadoreño y un costarricense acusados de delitos de narcotráfico. La petición fue confirmada por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) y el Ministerio Público costarricense.
Las autoridades identificaron al salvadoreño como Jimmy Adonay Posada Chevez, alias “Turbo”. El segundo requerido es Jimmy Roy Vindas Aguilar, ciudadano costarricense y exvicealcalde de Golfito, en la provincia de Puntarenas.
Requeridos por un tribunal federal de Florida
Un tribunal del Distrito Medio de Florida reclama a ambos imputados por presuntos delitos vinculados al tráfico de drogas. Según la Fiscalía General de Costa Rica, las autoridades estadounidenses sumaron a los dos a una causa penal en curso.
La investigación los relaciona con el transporte y la comercialización de al menos 38 kilogramos de cocaína, dentro de una estructura de narcotráfico transnacional.
Prisión preventiva e investigación en curso
Posada Chevez y Vindas Aguilar permanecen en prisión preventiva desde agosto de 2025. Ambos figuran en la causa judicial 25-000035-1981-PE, tramitada en Costa Rica.
La Fiscalía Adjunta Especializada contra la Delincuencia Organizada dirige el proceso. De acuerdo con el expediente, los investigadores los vinculan de forma directa con operaciones internacionales de tráfico de drogas.
Trámite judicial de la extradición en Costa Rica
Estados Unidos enviará en los próximos días la documentación oficial para formalizar la solicitud de extradición. Una vez recibida, las autoridades costarricenses activarán el procedimiento judicial conforme a su marco legal.
En el caso del exfuncionario municipal, la solicitud se sustenta en una reforma constitucional aprobada en mayo de 2025. Esta modificación permite la extradición de ciudadanos costarricenses por primera vez.
Condiciones legales para la entrega a EE UU
La legislación costarricense exige que Estados Unidos garantice que no impondrá una pena superior a 50 años de prisión. Este compromiso resulta clave para que los tribunales autoricen la extradición.
Las autoridades de ambos países mantienen la coordinación mientras avanza el proceso judicial por delitos de narcotráfico.