Estados Unidos amplía su estrategia de control migratorio con un nuevo plan para localizar en Guatemala, Honduras y México a miles de migrantes que fueron deportados o abandonaron voluntariamente el país y que aún mantienen multas civiles pendientes.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) abrió una convocatoria para contratar a una empresa privada que pueda identificar a estas personas en los tres países, notificarles el monto de la deuda y gestionar su cobro mediante distintos mecanismos autorizados.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), 66,387 migrantes acumulan multas pendientes por un total de $423 millones. La empresa contratada podrá tramitar el pago completo, negociar planes de cuotas u ofrecer otras alternativas previstas por la legislación estadounidense.
Como parte del proceso, la compañía deberá demostrar que encontró a la persona correcta. Para ello podrá presentar evidencias como fotografías de la vivienda, facturas de servicios públicos, registros laborales o, si corresponde, certificados de defunción.
Los cobros
La administración del presidente Donald Trump reactivó el cobro de estas sanciones por infracciones a la legislación migratoria, entre ellas el incumplimiento de órdenes de expulsión. La multa, establecida en 1996 en $500 diarios, asciende actualmente a $998 por día tras los ajustes por inflación.
Aunque Estados Unidos ya utiliza empresas privadas para recuperar este tipo de deudas dentro de su territorio, la CBP reconoce que ninguna había logrado localizar deudores fuera del país. Con esta nueva contratación, Washington busca extender esa capacidad directamente a Guatemala, Honduras y México, donde residen miles de personas con procesos migratorios pendientes.
