Dos hondureños fueron condenados en EEUU a 24 meses de prisión y el pago de una millonaria suma por una cadena de fraudes fiscales y el establecimiento de una empresa ficticia que pretendía estar involucrada en la industria de la construcción, informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Los hondureños Omar Wilkin Santos Cálix y Oscar René Santos Santos, deberán pagar al Servicio de Recaudación de Impuestos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés), un total de 5 millones 18,590 dólares.
En el caso de Santos Cálix, deberá pagar 3 millones 545.161 dólares y 897,870 dólares en el caso de Santos Santos, según la decisión del Juez del Tribunal de Distrito de Jacksonville, Florida, Estados Unidos, Timothy J. Corrigan.
Según los documentos judiciales, Santos Cálix y Santos Santos establecieron una empresa ficticia que pretendía estar involucrada en la industria de la construcción. Obtuvieron una póliza de seguro de compensación de trabajadores a nombre de la compañía ficticia para cubrir una nómina mínima para unos pocos supuestos empleados, luego “alquilaron” el seguro de compensación de trabajadores a equipos de trabajo que habían obtenido subcontratos con contratistas de construcción en proyectos en varios condados de Florida, así como contratistas en otros estados.
El esquema.
Los hondureños enviaron a los contratistas un certificado como “prueba” de que los equipos de trabajo tenían un seguro de compensación para los trabajadores, como lo exige la ley de Florida. Al enviar el certificado, los acusados representaron falsamente que los equipos de trabajo trabajaban para las dos empresas. A lo largo del plan, los demandados “alquilaron” los certificados a docenas de equipos de trabajo, defraudando a la compañía de seguros de compensación del trabajador.
Como parte del esquema, los contratistas emitieron cheques de nómina para los salarios de los trabajadores a las empresas ficticias y los hondureños cobraron estos cheques, luego distribuyeron el efectivo a los equipos de trabajo después de deducir su tarifa, que normalmente era alrededor del 6% de la nómina.
Durante el plan, ambos acusados cobraron cheques de nómina por un total de aproximadamente 19 millones de dólares, con sus honorarios por un total de más de 1 millón de dólares. Ni la empresa ficticia ni los contratistas informaron a las autoridades gubernamentales los salarios que se pagaban a los trabajadores, ni pagaron la parte de los impuestos sobre la nómina de los empleados o del empleador, incluidos el Seguro Social, Seguro Médico y el impuesto federal sobre la renta.
“A través de su esquema de fraude de nóminas y seguros de compensación de trabajadores ilegales, estas personas trataron de defraudar al gobierno de los Estados Unidos y socavar a las empresas privadas legítimas, mientras se aprovechaban de los trabajadores no ciudadanos, para su propio beneficio personal”, dijo el Agente Especial Adjunto a cargo K. Jim Phillips.
