Durante la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional, varios diputados expresaron su alarma y malestar al conocerse un informe de la Contraloría General de la República que revela una serie de supuestos incumplimientos por parte de Panama Ports, los cuales habrían ocasionado una pérdida millonaria para el Estado panameño.
Según la auditoría, el país ha dejado de recibir más de 1,300 millones de dólares debido a estos incumplimientos, lo que generó una fuerte reacción en los legisladores.
El diputado Jorge Bloise fue uno de los primeros en manifestar su descontento. “Lo que esta auditoría ha puesto al descubierto es increíble.
El Estado ha sufrido una pérdida de $1,300 millones. La Contraloría se compromete a presentar denuncias, pero ya veremos si no quedan en el olvido, como tantas otras”, señaló Bloise, quien destacó que los ingresos del Estado provenientes de Panama Ports no superan los $483 millones, una cifra que consideró totalmente insuficiente y que, según su opinión, amerita acciones legales inmediatas.
En términos similares, el diputado Betserai Richard también expresó su indignación ante lo revelado en el informe. Aseguró que el hallazgo es grave no solo por la magnitud de la pérdida económica, sino también por la presunta complicidad de varios gobiernos y contralores a lo largo de los años, que nunca llevaron a cabo una auditoría a fondo.
“Parece que nos han robado como Estado. Panama Ports ha dejado de aportar al país $1,337 millones. Esto no solo es un acto de corrupción, sino que ha sido un proceso que ha contado con la complicidad de las administraciones y las autoridades encargadas de vigilar estos recursos”, enfatizó Richard.
Ambos legisladores coincidieron en que el dinero que el país ha dejado de recibir podría haber sido utilizado en áreas críticas, como el sistema de salud, en particular en la Caja de Seguro Social, que enfrenta grandes desafíos financieros.
Además de las denuncias sobre los contratos de renegociación con Panama Ports, los diputados pusieron en duda la legalidad de estos acuerdos y cuestionaron el impacto económico que las “lesiones” a las finanzas públicas han causado a la población panameña. Los legisladores hicieron un llamado urgente al Contralor para que las denuncias lleguen al Ministerio Público y se garantice que no quedará impune el manejo irregular de los recursos del Estado.
Aseguraron que es esencial que la justicia actúe de manera firme en casos de corrupción que afectan directamente al bienestar de los ciudadanos.
