La dictadura de Nicaragua negó el ingreso al abogado Joseph Rivera, representante de la familia de una joven nicaragüense asesinada en Costa Rica, sin justificación alguna.
La negativa de ingreso al abogado Joseph Rivera, representante legal de la familia de Junieysis Merlo Espinoza —víctima de femicidio en Costa Rica—, ha reavivado denuncias sobre la aplicación de prácticas de destierro y prohibición de retorno, ampliamente documentadas contra opositores y ciudadanos críticos.
Rivera denunció públicamente que, a menos de 24 horas de viajar al departamento de Madriz para reunirse con los padres de la víctima, el régimen sandinista le denegó el permiso de entrada “sin justificación aparente”.
Tal arbitrariedad le impidió brindar acompañamiento legal y emocional a la familia.
Familia sin respaldo estatal
El abogado calificó la medida como “arbitraria” y la vinculó con un patrón de restricciones migratorias que el régimen sandinista ha aplicado en los últimos años contra nicaragüenses en el exilio y personas consideradas incómodas para el poder.
Rivera también denunció el “abandono total” por parte del Estado de Nicaragua hacia los padres de la joven asesinada, quienes, según afirmó, enfrentan solos el proceso de duelo, la repatriación de las cenizas y la búsqueda de justicia.
“Es inaceptable que no reciban ningún tipo de asistencia”, subrayó el jurista, quien reiteró su compromiso de continuar la representación legal pese a las restricciones impuestas.
Acusa a aerolíneas
En paralelo, el abogado denunció a las compañías Copa Airlines y Avianca por negarse a reembolsar los gastos del viaje cancelado, pese a que la causa fue una decisión externa fuera de su control.
Rivera calificó la postura de ambas aerolíneas como “moralmente cuestionable” y advirtió que evalúa acciones legales si no reconsideran su decisión.
El caso se suma a una serie de denuncias internacionales que documentan cómo el régimen de Nicaragua ha utilizado la negación de ingreso al país como mecanismo de castigo y control político, extendiendo estas medidas incluso a profesionales vinculados a la defensa de derechos y acompañamiento a víctimas.