El Juzgado Tercero de lo Criminal de San Salvador dictó una sentencia histórica al imponer por primera vez en El Salvador la pena de prisión perpetua contra Carlos Arturo Herrera Castro, de 31 años, tras declararlo responsable de los delitos de homicidio agravado y robo en perjuicio de Alexis López Córdova.
La histórica resolución judicial sienta un precedente sin precedentes en el ordenamiento jurídico salvadoreño. El fallo penal sanciona un caso de homicidio agravado cometido tras la entrada en vigor de la profunda transformación constitucional y procesal vinculada al sistema penal salvadoreño.
Los trágicos hechos ocurrieron la tarde del 18 de mayo de 2026, en las inmediaciones del cantón Teosinte, ubicado en el distrito de Arcatao, en el norteño departamento de Chalatenango. La tranquilidad de la zona rural se vio severamente impactada por la violencia con la que se ejecutó el crimen.
De acuerdo con las investigaciones oficiales, el imputado atacó brutalmente a la víctima tras ingerir bebidas alcohólicas e iniciar una acalorada discusión. Durante el altercado, el procesado le causó graves lesiones en la cabeza y el rostro utilizando piedras hasta quitarle la vida, con el único fin de robarle el dinero en efectivo que portaba.
Durante el desarrollo de la audiencia de juicio, la representación fiscal presentó pruebas contundentes, incluyendo declaraciones de testigos clave que observaron al imputado contando el dinero robado justo a un lado del cuerpo sin vida de la víctima.
Adicionalmente, el marco probatorio expuesto ante el juez demostró las acciones posteriores del agresor para encubrir el delito. Se probó que Herrera Castro ofreció la cantidad de $10 a uno de los testigos presenciales con el objetivo de sobornarlo y evitar que informara a las autoridades sobre lo ocurrido.
Esta severa condena se logró gracias a la reforma al artículo 27 de la Constitución y a las leyes penales secundarias. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó en marzo de 2026 la reforma constitucional para permitir la aplicación de penas perpetuas contra los responsables de homicidios, violaciones y terrorismo. Dichas reformas quedaron totalmente operativas con la habilitación e inicio de funciones de los nuevos Juzgados de lo Criminal el 14 de mayo de 2026.
Debido a que el homicidio ocurrió apenas cuatro días después de la entrada en función de esta judicatura especializada, la nueva normativa resultó plenamente aplicable.