A raíz de casi dos semanas sin clases en todo el país, la Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia contundente: la interrupción prolongada del calendario escolar está vulnerando gravemente los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
En un pronunciamiento público, el ente defensor de los derechos humanos en Panamá manifestó su “profunda preocupación” por los efectos negativos que esta paralización está causando no solo en el aprendizaje, sino también en la equidad educativa y el bienestar emocional de la niñez.
“Reconocemos el derecho a la protesta, pero recordamos que los derechos de la niñez y adolescencia son prioridad absoluta. No se puede sacrificar el futuro educativo de toda una generación”, expresó la Defensoría, que pidió el retorno seguro e inmediato a las aulas en todo el territorio nacional.
La Defensoría del Pueblo de Panamá expresa su profunda preocupación ante la pérdida de casi dos semanas de clases a nivel nacional, lo cual vulnera el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes, provocando consecuencias significativas en el aprendizaje, la equidad… pic.twitter.com/vPDMz6RNFx
— Defensoría del Pueblo de Panamá🕊 (@DefensoriaPan) May 12, 2025
La situación actual se suma a un preocupante historial: en los últimos cinco años, la niñez panameña ha enfrentado repetidas interrupciones en su educación formal. Según datos de la UNESCO, Panamá fue el país de la región que más clases perdió durante la pandemia: 211 días. A ello se suman aproximadamente un mes en 2022 y 42 días más en 2023.
La Defensoría recordó también las directrices de UNICEF, que recomienda que las escuelas sean los últimos espacios en cerrar y los primeros en reabrir ante cualquier crisis. No solo por su función académica, sino porque representan entornos seguros y protectores, fundamentales para el desarrollo integral de la infancia: allí no solo se aprende, también se recibe apoyo emocional, alimentación y protección frente a diversos riesgos.
La institución hizo un llamado urgente a todos los actores involucrados a priorizar el interés superior de la niñez y tomar decisiones que garanticen el pleno ejercicio del derecho a la educación, advirtiendo que la pérdida de clases no puede seguir normalizándose en el país.