La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo perpetra abusos y crímenes” para “eliminar todas las voces críticas y disuadir, a largo plazo, cualquier nueva organización e iniciativa de movilización social”, dijo este jueves un reporte del Grupo de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas.
“El gobierno de Nicaragua sigue perpetrando graves violaciones sistemáticas de los derechos humanos, equivalentes a crímenes de lesa humanidad, por razones políticas”, señalaron los expertos durante la presentación del reporte en Ginebra, Suiza.
Los expertos aseguran que la dictadura nicaragüense ha aumentado “en forma exponencial las violaciones de los derechos humanos el último año”
El informe asegura que “la situación ha empeorado” el último año debido a la “consolidación y centralización de todos los poderes e instituciones del Estado”, en especial del poder judicial, en manos de Ortega y de su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo..
“Durante 2023 ha habido un aumento exponencial de patrones de violaciones centrados en incapacitar cualquier tipo de oposición a largo plazo”, según el documento.
“El presidente Ortega, la vicepresidenta Murillo y los funcionarios de alto nivel identificados en la investigación deben rendir cuentas ante la comunidad internacional”, afirmó el presidente del grupo de expertos, Jan Simon.
El grupo de expertos es independiente y fue creado en 2022 por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar abusos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando estallaron protestas contra el gobierno de Ortega, cuya represión dejó 355 muertos y cientos de detenidos (opositores, líderes sociales, empresarios, periodistas).
“El gobierno ha consolidado una espiral de silencio que incapacita a cualquier oposición potencial”, afirmó Simon.
Persecución generalizada
El informe destaca que la represión a toda oposición real o imaginaria “se ha vuelto más sutil”, y apunta en especial “a estudiantes universitarios, pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes, campesinos y miembros de la Iglesia católica y de otras confesiones cristianas”.
El informe sostiene que “niños y niñas han sido violentados” por actividades u opiniones de sus padres o familiares, y las “deportaciones y prohibiciones de ingreso a Nicaragua han resultado en la separación” de muchas familias.
“La centralización del poder no sólo garantiza la impunidad de los perpetradores, sino que también socava los esfuerzos por lograr la rendición de cuentas. El gobierno se ha asegurado de permanecer en una burbuja cada vez más sólida para perpetuarse en el poder”, afirmó la experta Ariela Peralta.
“La persecución se extiende más allá de las fronteras de Nicaragua, dados los efectos de la privación de su nacionalidad y personalidad jurídica, la falta de acceso a documentación oficial y apoyo consular”, dijo la experta Ángela Buitrago.
“El efecto sobre la población nicaragüense es devastador. Al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional le tomará una cantidad significativa de tiempo y recursos recuperar todo lo perdido”, expresó Simon.
Ortega, de 78 años y en el poder desde 2007 ha sido reelegido sucesivamente en procesos electorales fraudulentos, incluyendo el de 2021 en el que encarceló a todos los precandidatos opositores.
Además, la dictadura ha desterrado a opositores, religiosos y periodistas, despojándolos de su nacionalidad, incluyendo a dos obispos católicos -Rolando Álvarez y Silvio Báez- y a escritores como Sergio Ramírez y Gioconda Belli, así como prominentes feministas, periodistas y líderes estudiantiles y campesinos.
Ortega también ha cancelado a más 3.500 oenegés, muchas de ellas religiosas. Además ha clausurado y confiscado más de 30 universidades, la Cruz Roja y la asociación de Boy Scouts.
