La ampliamente acusada de atentar contra el estado de derecho en Guatemala, la fiscal general Consuelo Porras, se reunió con los delegados de l Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar, precisamente, el impacto y el debilitamiento democrático en el país, en el que ella, según críticos locales y gobiernos extranjeros tiene un papel protagónico.
“El propósito de esta visita es observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país a partir de la última visita realizada en 2017”, dijo la relatora de la CIDH, Andrea Pochak.
El Ministerio Público dijo en un comunicado que Porras y los miembros de la delegación sostuvieron un “diálogo transparente y respetuoso” y que conocieron los “resultados histórico del trabajo” fiscal.
Porras, considerada por Estados Unidos y más de una veintena de países una funcionaria corrupta y antidemocrática, mantiene una persecución judicial contra exmiembros de los equipos anticorrupción y hasta atentó, alegando legalismos, contra la llegada a la presidencia de Bernardo Arévalo, mandatario desde el 15 de enero pasado.
Para el gobernante, la renuncia de la funcionaria es un punto de honor en su gestión y ha tratado de apartarla del cargo, por considerar que es parte de las mafias corruptas que cooperan instituciones estatales.
“La reunión tuvo por objetivo informar a la delegación de la CIDH sobre las acciones realizadas por el Ministerio Público para garantizar y proteger los derechos humanos y la institucionalidad”, dijo la institución.