Costa Rica tendría la capacidad de construir 16 nuevos hospitales con el dinero que pierde por el comercio ilícito, según revela un estudio presentado por la Cámara de Comercio de Costa Rica (CCCR) y su Observatorio del Comercio Ilícito (OBCI).
El informe da cuentas que cada año el comercio ilícito mueve al menos 1.6 billones de colones costarricenses, que se traducirían a unos $2,700 millones. Solo el hospital de Puntarenas costó 135,000 millones de colones ($3 millones), por lo que, el gobierno podría construir 16 nuevos hospitales cada año con esas pérdidas.
En otro análisis, se estima que el comercio ilícito estaría representando el 3.2 % del Producto Interno Bruto (PIB) costarricense, lo que claramente representa un aumento con el 2 % que significa en 2019. Además, las autoridades creen que estos fondos se estarían usando para financiar a bandas del crimen organizado.
El estudio señala que el gobierno en general estaría perdiendo unos 660,000 millones de colones al año ($1.4 millones) en evasión fiscal, lo que equivaldría al 1.4 % del PIB. Además, esa cifra representa un 38 % del déficit financiero que tiene el gobierno.
Los productos que más circulan en el comercio ilícito:
- Cigarrillos: 56 %.
- Bebidas alcohólicas: 37 %
- Jabones, detergentes, perfumes y cosméticos: 25 %
- Calzado: 15 %
- Productos farmacéuticos y medicinas: 14 %
- Cebollas: 13 %
- Productos lácteos: 11 %
- Línea blanca: 8 %
- Ropa y frijoles: 8 %
El informe señala que este comercio ilícito es usado para lavar activos y diversificar las operaciones de las bandas criminales y representa un riesgo para los consumidores porque en el rubro de alimentos y medicinas no hay registro sanitario que respalde los productos.
Ante este escenario, es que el estudio plantea como recomendaciones que el gobierno implemente un sistema de inteligencia artificial que le permita mejorar la gestión aduanera para inspeccionar de forma precisa las cargas.
Además, se sugiere la fortalecer la vigilancia fronteriza, la destrucción expedida de los decomisos y crear una sección especializada en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para investigar los delitos de contrabando.
