El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, ha firmado una nueva ley que amplía el número de delitos para los cuales un juez puede autorizar la intervención de comunicaciones, en un esfuerzo por fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país centroamericano.
El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero, subrayó la importancia de esta legislación, destacando que permitirá intervenir comunicaciones en una variedad de delitos graves.
“Señor presidente, me es grato que se firme esta Ley para la Modernización de las Intervenciones Telefónicas. Gracias a esto, se amplía la cantidad de delitos en los que se autoriza la intervención de las comunicaciones, así como el plazo para realizar las intervenciones”, afirmó Zamora.
Entre los delitos que ahora podrán ser objeto de intervenciones telefónicas se incluyen el secuestro extorsivo, la corrupción agravada, el proxenetismo agravado, la fabricación o producción de pornografía, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas, el tráfico de órganos, el homicidio calificado y simple, el femicidio, el genocidio, los delitos sexuales, el terrorismo y los delitos relacionados con el narcotráfico.
La ley también contempla la extorsión cobratoria o préstamos “gota a gota”, así como las intervenciones en casos de personas desaparecidas.
Además, extiende el plazo de las intervenciones hasta por cuatro meses, brindando a las autoridades policiales un periodo mayor para recabar pruebas.
“Hoy en día, existen muchas bandas de delincuencia organizada, en donde las investigaciones se vuelven más complejas, poder ampliar los plazos de estas intervenciones permitirá a las autoridades policiales tener más tiempo para obtener mayores y mejores elementos probatorios”, añadió Zamora.
La nueva legislación entrará en vigor tras su publicación en los medios oficiales, cumpliendo con los plazos establecidos. Esta medida representa un paso significativo en el fortalecimiento del marco legal costarricense para combatir el crimen organizado y mejorar la seguridad pública.
Costa Rica ha enfrentado un incremento en las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico y otras formas de crimen organizado, lo que ha llevado al gobierno a implementar reformas legales y operativas para abordar estos desafíos de manera más efectiva.
Solo en 2023, el crimen organizado fue responsable de una ola de violencia que registró un récord de 907 homicidios.
