La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Guatemala rechazó dos solicitudes de antejuicio contra la fiscal general saliente Consuelo Porras, bloqueando así posibles investigaciones judiciales en su contra. La decisión se da en un contexto de cuestionamientos nacionales e internacionales por presuntas adopciones irregulares de menores indígenas ocurridas décadas atrás.
El pleno de la CSJ resolvió rechazar “in limine” el antejuicio 46-2026, presentado por el diputado José Chic, quien señalaba a Porras por delitos como sustracción de menores, trata de personas, abuso de autoridad y adopciones ilegales.
Esta solicitud estaba vinculada a denuncias sobre supuestas irregularidades en adopciones ocurridas en Guatemala en las décadas de 1970 y 1980, cuando Porras habría tenido responsabilidades en un hogar de resguardo de menores.
En paralelo, los magistrados también rechazaron otro antejuicio, el expediente 20-2026, impulsado por Juan Francisco Solórzano Foppa, quien acusaba a la fiscal de incumplimiento de deberes y obstaculización de la acción penal.
Estas denuncias incluían señalamientos sobre la presunta falta de actuación del Ministerio Público en investigaciones relacionadas con ataques de pandillas contra agentes de la Policía Nacional Civil en enero pasado.
El caso ha generado atención internacional. En febrero de 2026, expertos de Naciones Unidas expresaron preocupación por la posible participación de Porras en un esquema de adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas, quienes habrían sido separados de sus familias.
Según el informe, los menores habrían sido institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez, dirigido por Porras en 1982, en un período marcado por denuncias de desapariciones forzadas durante el conflicto armado interno en Guatemala.
