Corte de Constitucionalidad de Guatemala denuncia amenazas contra magistrados y rechaza actos de intimidación

El tribunal dijo que hay agresiones contra su presidenta, Anabella Morfín, y otros magistrados, mientras reafirmó su compromiso con la defensa del orden constitucional y la independencia judicial en Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala.

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala denunció amenazas y agresiones contra su presidenta, Anabella Morfín, y otros integrantes del alto tribunal de Guatemala.

Por medio de un comunicado oficial, la CC expresó “profunda preocupación” por los hechos registrados en los últimos días. Además, rechazó cualquier acción que busque afectar la independencia judicial y el ejercicio libre de la función jurisdiccional.

La institución recordó que su función principal es defender el orden constitucional del país. También señaló que actúa con independencia de los demás organismos del Estado, según lo establecido en la Constitución Política de la República y la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.

Rechaza actos de violencia e intimidación

En el pronunciamiento, la Corte de Constitucionalidad rechazó “enérgicamente” las amenazas y agresiones dirigidas contra magistrados del tribunal constitucional.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía y a actores públicos y privados para actuar dentro de un marco de respeto, legalidad y diálogo democrático. De igual forma, pidió repudiar cualquier forma de violencia o intimidación contra las autoridades judiciales.

La CC indicó que continuará ejerciendo sus funciones conforme a la ley y reiteró su compromiso de velar por el orden constitucional de Guatemala.

La CC reafirma independencia judicial

La Corte de Constitucionalidad destacó que ejerce funciones específicas asignadas por la Constitución y la legislación vigente. Además, subrayó que mantiene independencia frente a otros organismos del Estado.

El tribunal afirmó que seguirá actuando “ajustándose a lo previsto en la ley”, mientras desarrolla su labor de protección del orden constitucional y la institucionalidad democrática del país.

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