La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) de Honduras, Gabriela Castellanos, instó a que los juicios políticos contra exfuncionarios den paso a investigaciones fiscales.
Castellanos señaló que el Congreso Nacional cumple su rol al aplicar el juicio político. Sin embargo, advirtió que el proceso debe continuar en el ámbito penal.
Además, recordó que el CNA fue una de las primeras instituciones en solicitar estos procesos contra funcionarios.
Señalan necesidad de requerimientos fiscales
La titular del CNA afirmó que, tras los juicios políticos, corresponde al Ministerio Público de Honduras iniciar investigaciones formales.
Según explicó, estas acciones deben incluir requerimientos fiscales contra exfuncionarios y también contra actuales servidores públicos.
Castellanos aseguró que el CNA ha identificado posibles delitos en distintos casos. Por ello, insistió en que las autoridades deben actuar.
🔴El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) pide presentar requerimientos fiscales contra exfuncionarios destituidos por el Congreso Nacional. pic.twitter.com/mg0QcJPHEg
— TSiHonduras (@TSiHonduras) April 22, 2026
CNA reitera denuncias por presuntos actos de corrupción
Castellanos reiteró que existen indicios de corrupción en la administración pública. En ese contexto, subrayó la importancia de no detener los procesos en el ámbito legislativo.
También enfatizó que la lucha contra la corrupción requiere coordinación entre instituciones. En particular, mencionó la necesidad de que el Ministerio Público avance con las investigaciones.
Congreso y fiscalía deben complementar acciones
La funcionaria explicó que el juicio político corresponde al Congreso Nacional. No obstante, insistió en que la persecución penal recae en la fiscalía.
En consecuencia, pidió que ambas instancias actúen de forma complementaria. De este modo, dijo, se puede garantizar una respuesta efectiva ante posibles delitos.
Finalmente, el CNA reiteró su llamado a que los casos señalados no queden sin seguimiento judicial.
Johel Zelaya fue destituido como fiscal general tras un juicio político, en marzo. También Marlon Ochoa, consejero electoral, y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral.