El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció presuntas irregularidades en el manejo de fondos bajo custodia estatal por parte de exfuncionarios de la Oficina Administradora de Bienes Incautados de Honduras.
La directora ejecutiva del organismo, Gabriela Castellanos, informó que la investigación detectó movimientos financieros sin controles institucionales relacionados con un préstamo de aproximadamente $1.03 millones.
Según el informe, el financiamiento fue autorizado durante la gestión del exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, Marco Antonio Zelaya, y de la exjefa administrativa Andrea Carolina Zavala.
Investigación señala falta de controles internos
El organismo anticorrupción indicó que una empresa incautada solicitó en diciembre de 2024 un préstamo puente cercano a $992,000. Posteriormente, la administración aprobó un desembolso adicional de unos $39,600.
De acuerdo con el Consejo Nacional Anticorrupción, la investigación no encontró respaldo técnico para justificar ese segundo movimiento financiero.
El CNA denuncia irregularidades en el manejo de L 26 millones en la OABI
En esta investigación el Consejo Nacional Anticorrupción revela irregularidades en la aprobación de un préstamo destinado a una empresa bajo custodia de la Oficina Administradora de Bienes Incautados… pic.twitter.com/rBIRUcyJhR
— CNA Honduras (@cnahonduras) May 27, 2026
Castellanos afirmó que el dinero todavía no ha regresado a las cuentas de la institución estatal y aseguró que no existe registro de pagos o abonos relacionados con esos recursos.
Organismo advierte riesgos para fondos bajo custodia estatal
La denuncia también plantea dudas sobre la responsabilidad institucional en caso de que un tribunal ordene devolver los recursos comprometidos en el préstamo.
El CNA sostuvo que la flexibilización de procedimientos y el uso discrecional de bienes incautados debilitan los mecanismos de control público.
Además, Castellanos afirmó que los activos administrados por la Oficina Administradora de Bienes Incautados pertenecen al Estado y no pueden manejarse sin límites legales o administrativos.
La denuncia se suma a otros señalamientos sobre transparencia y manejo de recursos públicos en instituciones encargadas de custodiar bienes decomisados en Honduras.