Las autoridades hondureñas capturaron este miércoles a dos exdiputados el Congreso Nacional acusados de fraude en perjuicio de la administración pública, informó el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Se trata de los exdiputados Sara Ismela Medina Galo y Carlos Roberto Guevara, ambos del opositor Partido Nacional. Medina fue detenida en su casa en el oriental departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, mientras que y el exdiputado suplente por Copán, Carlos Roberto Guevara, fue arrestado en su residencia en ese departamento fronterizo con Guatemala.
Ambos son señalados como autores materiales de fraude en perjuicio de la administración pública.
Sánchez informó ambos excongresistas fueron capturados “por suponerlos responsables de el delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública a título de Autor” y reveló que la orden de captura fue emitida por un juzgado de jurisdicción nacional en materia de crimen organizado y corrupción.
Siete acusados en total
El Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), informó que son cinco exdiputados del Congreso Nacional los involucrados en el caso, tres de ellos que fungieron en su cargo en el periodo de 2006-2014 y los dos restantes de 2010-2014.
Además, la acusación incluye a dos personas más que tuvieron su participación como cooperadores necesarios para el delito de fraude, luego de presuntamente confabularse con los congresistas para drenar más de 42.5 millones de lempiras ($1.7 millones) de las arcas del congreso a través de una organización no gubernamental, denominada Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH).
Según la Fiscalía, las gestiones eran realizadas por diputados por medio del Fondo de Desarrollo Departamental para la ejecución de proyectos sociales a través de varios ONG, no obstante, una vez hechos los desembolsos, los fondos eran trasladados de manera injustificada a las cuentas personales de los mismos diputados que tramitaron los recursos, además de otros diputados y a particulares que los utilizaban en asuntos distintos para los que estaban predestinados.
La Fiscalía detectó que uno de los imputados que cumplió su rol como cooperador necesario, registró su firma en las cuentas que eran parte de la ONG y se autoacreditó 28 millones de lempiras ($1.1 millones) y a su vez hizo depósitos a 26 cuentas particulares entre ellos la de los exdiputados acusados, mientras tanto el dinero restante fue trasladado a terceros sin ninguna justificación.
En 2019 la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia ratificó el auto de formal procesamiento a la diputada Medina en un caso denominado “Pacto de Impunidad”, relacionado a malversación de caudales públicos a través de ONG y que incluía a otro cuatro legisladores.