Tres instituciones del Estado panameño —el Ministerio de Educación (Meduca), la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), y la Defensoría del Pueblo— denunciaron este lunes ante la participación de menores de edad en manifestaciones y protestas, alertando sobre la ilegalidad de estas prácticas y las consecuencias que conllevan.
Durante una conferencia conjunta, la ministra de Educación, Lucy Molinar, expresó su preocupación por el uso de estudiantes, en especial menores de 17 años, en actos de carácter político. “Utilizar a los estudiantes de esta manera es ilegal y tiene consecuencias”, enfatizó. Molinar señaló que estos hechos no solo violan los derechos de los menores, sino que también comprometen su seguridad e integridad.
La ministra hizo referencia a un caso reciente que generó rechazo en la opinión pública, donde supuestamente docentes habrían utilizado a estudiantes como escudos en el marco de una huelga. “Creo que para nadie es un misterio el video de un niño que fue usado para leer una proclama, un niño además con discapacidad, lo cual agrava aún más la situación”, subrayó.
“No se puede utilizar al estudiante como escudo para causas particulares”, reiteró este lunes la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien dijo que padres de familia han denunciado que estudiantes han sido amenazados con ponerles mala nota si no apoyan acciones como marchas… pic.twitter.com/bhyCaIp8sb
— Telemetro Reporta (@TReporta) July 21, 2025
Molinar informó que también han recibido denuncias directas de padres de familia. “Nos llamaron de un centro educativo para advertir que a una niña le dijeron que no podía salirse de la marcha porque iban a ‘poner uno’”, afirmó. Ante estos hechos, la titular de Educación aseguró que se interpondrán las denuncias ante las instancias correspondientes, recordando que “no se puede usar a los estudiantes como escudos para causas particulares”.
En su intervención, el defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, compartió la preocupación institucional y condenó el uso de menores para leer mensajes sin comprender su contenido. “Es preocupante ver imágenes de niños leyendo información que probablemente no entienden”, expresó. Leblanc llamó a la comunidad educativa y a los padres a fomentar la conciencia y el pensamiento crítico, pero sin manipular la conciencia de los menores.
El defensor también recordó experiencias pasadas en las que los menores se vieron involucrados en conflictos sociales, como el debate sobre la minería, que provocó casos de acoso hacia hijos de trabajadores del sector. “Estos hechos generan daños silenciosos que afectan directamente a los niños”, advirtió.
Por su parte, la directora de Senniaf, Ana Fábrega, recalcó el papel de las instituciones en la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, y recordó que la Ley 285 de 2022 establece como obligación de los padres enviar a sus hijos al centro educativo. “Impedir el acceso a las escuelas o impulsar su cierre constituye una vulneración de derechos”, señaló.
Fábrega insistió en que el derecho a la educación es irrenunciable y que su afectación tendrá consecuencias. También advirtió sobre la responsabilidad de los docentes y directores de centros educativos de actuar cuando se vulneran derechos, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas de protección para sus estudiantes.
Las tres autoridades coincidieron en que el uso de menores en manifestaciones no debe tolerarse bajo ninguna circunstancia y afirmaron que se tomarán medidas para evitar que los estudiantes sean instrumentalizados en conflictos ajenos a su desarrollo educativo.
