Las autoridades indígenas de Guatemala denunciaron al Ministerio Público (MP) por lo que califican como una política de criminalización contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas. La declaración se produjo tras la captura de Esteban Toc Tzay, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá (2022-2023).
Según el comunicado, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a Toc Tzay en Totonicapán cuando se dirigía a Quetzaltenango para recibir atención médica. El líder indígena fue trasladado a distintas subestaciones policiales antes de ser llevado al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango. Las comunidades aseguran que el proceso está vinculado al mismo caso por el que guardan prisión dirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán, entre ellos Luis Pacheco y Héctor Chaclán.
Rechazo a la criminalización de autoridades indígenas
En su pronunciamiento, los representantes comunitarios expresaron su rechazo a las acciones del Ministerio Público y afirmaron que las alcaldías indígenas, los consejos de ancianos y otras organizaciones tradicionales no son estructuras criminales, sino parte del legado cultural y político de los pueblos originarios.
“Nuestras autoridades indígenas no son criminales”, subraya el comunicado, que también denuncia prácticas de racismo y discriminación en los procesos judiciales abiertos contra líderes comunitarios.
Exigencias al Estado y a la comunidad internacional
Las comunidades solicitaron al presidente de la República una acción firme frente a lo que consideran una persecución impulsada por un “pacto de corruptos y golpistas”. También pidieron al Organismo Judicial designar jueces y juezas imparciales para garantizar procesos objetivos.
Asimismo, exigieron a la comunidad internacional pronunciarse y condenar lo que califican como una política de represión dirigida por la Fiscalía General, fiscales afines y algunos jueces y magistrados.
Alerta a las comunidades indígenas
En su declaración, las autoridades ancestrales llamaron a los pueblos indígenas del país a mantener medidas de seguridad y estar alertas frente a nuevas acciones de criminalización. “Si no nos dejan en paz, tampoco los dejaremos en paz”, señalaron en el pronunciamiento.
El papel de las autoridades indígenas en Guatemala
Las autoridades indígenas en Guatemala representan a las comunidades mayas, xinka, garífuna y afrodescendientes, que suman alrededor de 6.5 millones de personas (43.75% de la población según el censo de 2018). Son electas bajo normas consuetudinarias y ejercen funciones de gobernanza local, defensa de derechos colectivos, gestión de recursos naturales y preservación cultural.
Históricamente, han enfrentado discriminación estructural y criminalización, en particular cuando defienden derechos territoriales o denuncian corrupción estatal.
