Autoridades de seguridad de El Salvador revelan que estudiantes detenidos se dedicaban a falsificar dinero y vender drogas

Los alumnos detenidos la semana pasada en institutos públicos formaban parte de una estructura criminal que falsificaba billetes, vendía drogas y cometía abusos sexuales, según reveló la Fiscalía, que investiga la conformación de una nueva pandilla con jerarquías y actividades delictivas definidas.

Rodolfo Delgado, fiscal general; Gustavo Villatoro, ministro de Justicia y Seguridad: y Francis Merino Monroy, ministro de Defensa de El Salvador.

La estructura desarticulada la semana pasada en varios institutos públicos del país no solo planeaba conformar una nueva pandilla, sino que ya ejecutaba actividades delictivas como falsificación de billetes, tráfico de drogas, amenazas y agresiones sexuales, según reveló este lunes el Gabinete de Seguridad ampliado de El Salvador.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), los detenidos —en su mayoría estudiantes activos del Instituto Francisco Menéndez, el Técnico Industrial y el Albert Camus, tres de las instituciones estatales con mayir matrícula en el país— tenían roles jerárquicos dentro del grupo y operaban bajo dinámicas similares a las de pandillas históricas. 

La estructura, autodenominada La Raza Estudiantil, habría distribuido moneda falsificada en comercios informales con el objetivo de intercambiarla por efectivo legal.

“Estaban involucrados en actividades que incluyen falsificación de moneda, venta de droga al menudeo y delitos sexuales dentro de los centros escolares”, afirmó el fiscal general Rodolfo Delgado. 

Según las autoridades, algunos de los implicados coordinaban el ingreso de alumnas a servicios sanitarios donde eran víctimas de abuso, mientras otros vigilaban para evitar la intervención de docentes o compañeros.

La investigación, que lleva más de 6 meses en desarrollo, permitió la captura de 48 personas, entre ellas 14 menores de edad. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que este grupo muestra “una estructura criminal con niveles jerárquicos definidos” y advirtió que “ninguna edad o condición social exime de responsabilidad penal”.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras que las autoridades reafirman que no permitirán que estas dinámicas se reproduzcan dentro del sistema educativo. Por el momento, no se han detallado las medidas que se tomarán para prevenir hechos similares en otros centros escolares.

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