Las autoridades de Costa Rica realizaron este viernes la primera deportación aérea masiva extranjeros vinculados con delitos graves, en una operación coordinada con Estados Unidos que expulsó del país a 33 migrantes acusados de actividades criminales.
La Dirección General de Migración informó que un vuelo chárter trasladó a 31 hombres y dos mujeres desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, en Alajuela, con escalas en Panamá, Colombia y Ecuador
Según el director de Migración, Omer Badilla, la operación busca reforzar los controles migratorios y enviar un mensaje disuasivo a quienes permanecen en el país en condición irregular y además enfrentan procesos judiciales.
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Las autoridades costarricenses señalaron que las personas deportadas enfrentaban acusaciones por secuestro extorsivo, tráfico de drogas, abuso sexual de menores, minería ilegal, pesca ilícita y robo agravado, entre otros delitos.
El primer grupo fue trasladado a Panamá, donde las autoridades locales coordinarán su retorno hacia sus países de origen, entre ellos India, China, Gran Bretaña, Jamaica, México, El Salvador, Panamá y Honduras.
Posteriormente, el avión continuará su ruta hacia Suramérica para entregar a 14 ciudadanos colombianos acusados en Costa Rica de delitos como pesca ilegal, tráfico de drogas, venta irregular de medicamentos y tentativa de robo.
Primer operativo regional
La última escala será Ecuador, donde tres personas señaladas de participar en transporte internacional de drogas quedarán bajo custodia de las autoridades de ese país.
La embajadora estadounidense en Costa Rica, Melinda Hildebrand, afirmó que la cooperación bilateral permitirá ampliar las operaciones de deportación mediante apoyo logístico, capacitación policial y recursos para vuelos especiales.
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La diplomática indicó que Washington continuará respaldando a Costa Rica en el combate contra el crimen transnacional y las redes de tráfico de personas, al considerar que estas acciones fortalecen la seguridad regional.
Las autoridades costarricenses sostienen que operativos similares podrían repetirse en los próximos meses como parte de una estrategia regional para expulsar a extranjeros implicados en delitos según autoridades migratorias nacionales consultadas.