Una investigación interna terminó destapando un presunto circuito que llevaba municiones desde dependencias de la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala hasta organizaciones criminales que operan en el país. El caso derivó en allanamientos simultáneos y siete capturas.
El mecanismo investigado comenzaba dentro de la propia institución. Según las pesquisas, agentes presuntamente sustraían municiones asignadas a la PNC y posteriormente las comercializaban de forma ilegal. La Inspectoría General de la Policía detectó las irregularidades y trasladó el caso al Ministerio Público (MP).
La pista clave apareció fuera de las instalaciones policiales. Investigadores localizaron en hechos armados relacionados con disputas por el narcomenudeo municiones que habían sido adquiridas originalmente por la Policía. Ese hallazgo permitió seguir el rastro del material y reforzó las sospechas sobre una estructura que operaba desde dentro de la institución.
Las autoridades sostienen que las municiones presuntamente terminaban en manos de integrantes del Barrio 18, la Mara Salvatrucha (MS-13) y Los Caradura, tres grupos involucrados en disputas criminales en Guatemala. Las investigaciones recientes señalan particularmente una alianza entre Barrio 18 y Los Caradura frente a la MS-13 por el control de territorios y puntos de venta de droga.
Para reconstruir la ruta de las municiones, el MP y la PNC allanaron tres instalaciones: la Subdirección General de Apoyo y Logística, la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) y la Comisaría 15, en Villa Nueva. Las autoridades buscaban documentos y otros indicios que permitieran establecer cómo salía el material y quiénes participaban en su comercialización.
El operativo terminó con la captura de cuatro integrantes de la PNC —entre ellos un oficial— y tres civiles. La Fiscalía contra el Crimen Organizado considera que los siete formaban parte de la estructura investigada. Al menos dos de los policías fueron señalados por asociación ilícita, peculado por sustracción y venta ilegal de armas y municiones.
El caso aparece además en medio de una escalada de enfrentamientos entre organizaciones criminales. El Gobierno informó que durante 2026 las fuerzas de seguridad han capturado a cientos de presuntos pandilleros y miembros de estructuras delictivas, mientras las disputas por el narcomenudeo han provocado ataques armados en distintos puntos de la capital y municipios cercanos.
La PNC aseguró que colaborará con la investigación y anunció “cero tolerancia” frente a actos de corrupción dentro de sus filas. El proceso judicial deberá ahora determinar responsabilidades individuales y establecer hasta dónde llegó la red, cuánto material fue sustraído y durante cuánto tiempo municiones destinadas a la seguridad pública pudieron terminar alimentando el poder de fuego de estructuras criminales.
