Abogados contratados por el régimen de Venezuela presentaron este lunes una demanda de hábeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, con el objetivo de liberar a 238 venezolanos que fueron deportados por Estados Unidos y actualmente permanecen recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
El abogado Jaime Ortega, quien asegura representar a 30 de los detenidos, explicó que la acción legal busca extenderse a la totalidad de venezolanos encarcelados. “Estamos exigiendo que sean liberados de inmediato y, en su defecto, que se proceda a una repatriación ordenada y sistemática conforme a las leyes migratorias salvadoreñas”, manifestó Ortega.
La solicitud exige que el Estado salvadoreño justifique la legalidad de la detención de estas personas, quienes llegaron a suelo salvadoreño hace más de una semana, bajo un acuerdo suscrito entre los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador, que contempla el pago de $6 millones por la custodia de estos migrantes.
El gobierno salvadoreño no ha ofrecido información oficial sobre la situación jurídica de los venezolanos, mientras que un juez federal en EE.UU. ordenó verbalmente detener las deportaciones por medio de vuelos que transportaban a los migrantes.
Ortega y el abogado Salvador Ríos, también parte del equipo defensor, afirmaron que los representados no son miembros de la banda Tren de Aragua y que carecen de antecedentes penales. Según explicaron, los migrantes salieron de Venezuela por razones humanitarias y no han sido acusados formalmente de ningún delito, ni en Estados Unidos ni en El Salvador.
Ríos detalló que la defensa fue solicitada por el Gobierno de Venezuela y el Comité de Familiares de Inmigrantes Venezolanos, que han insistido en la inocencia de los detenidos y en la necesidad de su liberación.
De los 238 venezolanos trasladados, 137 fueron deportados bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una norma de tiempos de guerra invocada por el presidente Donald Trump para justificar su expulsión inmediata, sin audiencia previa. Esta acción fue posteriormente bloqueada por el juez federal James Boasberg, quien determinó que los migrantes deben tener la oportunidad de impugnar la acusación de pertenencia a pandillas.
