El Gobierno de Venezuela emitió este martes una respuesta oficial al Ejecutivo de El Salvador, luego de que este último reiterara, mediante una nota diplomática, que no procederá a la liberación de 252 migrantes venezolanos detenidos en su territorio sin un intercambio equivalente por personas privadas de libertad en Venezuela.
En un comunicado divulgado por la Cancillería venezolana, el Ejecutivo nacional rechazó de forma categórica la propuesta de canje, al considerar que esta “constituye una confesión expresa de graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos”, además de advertir que tales acciones podrían configurarse como delitos de carácter internacional.
La comunicación oficial enumera cinco puntos principales que, según Venezuela, sustentan la gravedad de la situación y su reclamo ante el gobierno salvadoreño:
- Privación arbitraria de libertad: El gobierno venezolano señala que los ciudadanos detenidos fueron recluidos sin orden judicial ni juicio previo en un centro de máxima seguridad, en condiciones consideradas “degradantes e inhumanas”, sin acceso a familiares ni asistencia legal.
- Criminalización colectiva y xenofobia institucional: Caracas denuncia que a los migrantes se les ha vinculado con organizaciones criminales sin pruebas individuales, lo que vulnera principios fundamentales del derecho penal como la presunción de inocencia y la responsabilidad penal individual.
- Negación del debido proceso: La misiva sostiene que los migrantes no han sido informados de los cargos en su contra ni han tenido acceso a representación legal, lo que, a juicio de Venezuela, configura una situación de desaparición forzada.
- Rechazo a propuesta de canje: El gobierno venezolano califica como “ilegal e inadmisible” la solicitud de intercambio, al no existir base jurídica para vincular a ciudadanos detenidos en Venezuela —según su versión, por causas penales definidas— con migrantes venezolanos supuestamente privados de libertad sin justificación en El Salvador.
- Traslado forzoso desde Estados Unidos: Venezuela también denuncia que los ciudadanos en cuestión fueron deportados desde Estados Unidos a El Salvador sin proceso judicial, lo cual, aseguran, representa una violación al derecho internacional y a normativas reconocidas por el propio sistema judicial estadounidense.
A raíz de estos señalamientos, el Gobierno venezolano exigió la “liberación inmediata e incondicional” de los 252 ciudadanos y responsabilizó al Estado salvadoreño por cualquier daño físico o psicológico que puedan sufrir mientras permanezcan detenidos.
