En respuesta a la persistente situación política y las violaciones de derechos humanos en Nicaragua desde abril de 2018, el Consejo de la Unión Europea ha anunciado la prórroga de las medidas restrictivas (sanciones) hasta el 15 de octubre de 2024.
Las restricciones vigentes afectan a un total de 21 individuos y 3 entidades, señalados de violación de derechos humanos contra la población civil. Los afectados se encuentran bajo congelación de activos, y a los ciudadanos y empresas de la Unión Europea se les prohíbe realizar transacciones financieras con ellos.
Además, a nivel personal, se les restringe el acceso a los territorios y sistema financiero de la UE.
“La Unión Europea reafirma su compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y su apoyo a la promoción de la democracia, el imperio de la ley y los derechos fundamentales”, señala el anuncio del Consejo de la organización.
En este contexto, ellos instan a un diálogo genuino entre el gobierno y la oposición para resolver la actual crisis política en el país.
Cabe recordar que el régimen de sanciones se instauró por primera vez en octubre de 2019, en respuesta al deterioro de la situación política y social en Nicaragua, orquestada como una campaña masiva de violación de derechos humanos desde el régimen regido por los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a la Policía, Ejército y funcionarios públicos.
Tanto Ortega como Murillo, junto a familiares y funcionarios, son señalados por diversas organizaciones como responsables de crímenes de lesa humanidad.
Desde entonces, el Consejo ha expresado en reiteradas ocasiones su preocupación por los acontecimientos en el país, que acumula 355 asesinatos, más de 2,000 heridos, miles de detenidos, desaparecidos y torturados y cientos de miles de exiliados.
El 4 de mayo de 2020, el Consejo implementó las primeras medidas restrictivas que afectaron a seis individuos.
Estas medidas estaban dirigidas a aquellos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos, así como a aquellos involucrados en la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua.
También se incluyeron personas y entidades cuyas acciones desestabilizan la democracia y el estado de derecho en el país.
El 13 de octubre de 2022, el Consejo amplió su marco para la imposición de medidas restrictivas específicas, extendiéndolas por un año adicional.
