La toma de posesión del cuestionado rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), Walter Mazariegos, para un segundo período, está rodeada de cuestionamientos jurídicos y administrativos, luego de que la Contraloría General de Cuentas (CGC) confirmara que el funcionario no posee el finiquito requerido para asumir el cargo y continúen abiertas varias investigaciones en su contra.
Durante una citación en el Congreso de Guatemala, el director de Atención a Denuncias de la CGC, Nery de León, aseguró que Mazariegos no cuenta con el documento que acredita la inexistencia de reparos administrativos, requisito establecido por la legislación guatemalteca para optar a cargos públicos.
El director de Asuntos Jurídicos de la Contraloría, Edgar Castillo, recordó que el artículo 16 de la Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos establece que quienes no cuentan con finiquito no pueden asumir cargos dentro del Estado.
De León informó además que la Contraloría presentó tres denuncias penales derivadas de una auditoría que aún continúa en la USAC. Entre los hallazgos preliminares figuran la presunta omisión de convocatorias para elegir representantes en distintas unidades académicas, posibles irregularidades en la contratación de docentes e incumplimiento de funciones por parte de autoridades universitarias.
“La auditoría continúa en proceso. Se encontraron otros hallazgos y, en su momento, cuando se tenga el informe final, se darán a conocer”, afirmó el funcionario.
El Ministerio Público confirmó que existen 17 expedientes relacionados con Walter Mazariegos, algunos de los cuales fueron agrupados al determinarse que podrían guardar relación con los mismos hechos. La Fiscalía Especial contra la Corrupción indicó que las investigaciones continúan y que la información será divulgada conforme avancen las diligencias.
El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo dijo recientemente que “habrá que ver cómo se sale del entuerto para lograr un proceso legítimo que permita contar con autoridades legales, cuya elección responda a procedimientos apegados a la normativa”.
Demanda de la Procuraduría
A estos cuestionamientos se suma una acción constitucional presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) contra el Consejo Superior Universitario (CSU). La institución busca que un tribunal determine la legalidad del proceso de elección del rector, revisando aspectos como la integración del Cuerpo Electoral Universitario, el cuórum alcanzado durante la votación y el cumplimiento de los requisitos exigidos para los candidatos.
La PGN destacó que la Universidad de San Carlos constituye la única universidad pública de Guatemala y subrayó la importancia de garantizar la legalidad de las autoridades que dirigen la institución, debido a su papel en la formación profesional, científica y cultural del país.
Mientras tanto, la crisis institucional continúa afectando a la comunidad universitaria.
El cierre del campus central, aprobado por el Consejo Superior Universitario el pasado 26 de marzo debido a trabajos arqueológicos vinculados a proyectos de infraestructura, ha provocado retrasos en las clases, suspensión de prácticas, pérdida de evaluaciones y múltiples quejas de estudiantes por problemas administrativos que mantienen en incertidumbre el desarrollo del ciclo académico.