Sectores políticos y diplomáticos en Nicaragua especulan que la dictadura sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, utilizó a la policía para perpetrar un golpe de Estado contra el Poder Judicial de ese país centroamericano.
Analistas opositores en el exilio consideran que la vicedictadora Murillo estuvo a cargo el asalto al Poder Judicial, donde policías y operadores políticos del régimen llevan más de 5 días interrogando a personal, despidiendo a funcionarios y requisando equipos informáticos, documentos, teléfonos y otros.
En el proceso, anómalo y fuera de toda legalidad, han sido despedidas dos magistradas: Yadira Centeno y Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; según las leyes, ellas solo pueden ser destituidas por voto mayoritario de la Asamblea Nacional, controlada por la dictadura.
Sin embargo, las dos magistradas fueron expulsadas del edificio del Poder Judicial y enviadas a sus hogares bajo régimen de casa por cárcel, según las indagaciones del ex abogado del Poder Judicial, Yader Morazán, en el exilio.
La caída de las altas funcionarias, ha generado a la vez, una inédita ola de despidos de personal de confianza a su cargo y otros trabajadores de dependencias judiciales en todo el país, incluyendo jueces, directores de áreas, sindicalistas y operadores técnicos del Poder Judicial.
Esta maniobra ha sido calificada por expertos como un movimiento que podría ser interpretado como un “golpe de Estado”, al reemplazar el liderazgo de un poder estatal a través de acciones que prescinden de la inmunidad de las magistradas afectadas.
El proceso, que tuvo lugar la semana pasada, implicó también la destitución de Berman Martínez, secretario de organización del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y secretario general administrativo de la CSJ, junto con el director de Informática, Martín García.
Ambos funcionarios se encuentran bajo investigación por presuntos actos de corrupción en licitaciones y adquisiciones de equipamiento informático.
Las fuentes judiciales afirman que la Corte ahora se encuentra desarticulada institucional y administrativamente, con intervención política directa de Murillo y Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad del dictador Daniel Ortega.
Expertos sugieren que este movimiento busca eliminar posibles “focos de resistencia” que obstaculicen el ascenso de Murillo como sucesora de Daniel Ortega. Para algunos analistas, la estrategia de Murillo es imponer una estructura más centralizada y eliminar las redes de poder que operaban bajo la administración de Ortega.
Se espera que esta reestructuración no se limite a la CSJ, y que el próximo objetivo sea el Ejército de Nicaragua, igual bajo control de Ortega.
Ortega es golpista. La decapitación de la Presidente de la Corte Suprema y el asalto al poder judicial es un golpe puro y duro. El poder ejecutivo asalta al poder judicial con matones y policías 👮♀️ 👮♀️ Nicaragua 🇳🇮 vive un golpe de estado gurango, grosero y descarado.
— Arturo McFields Yescas (@ArturoMcfields) October 28, 2023
El magistrado Marvin Aguilar, actual vicepresidente de la CSJ, ha sido identificado como una de las figuras clave en esta operación, siendo considerado como el ejecutor directo de las órdenes emanadas de Moncada Lau.
El experto en temas migratorios, Manuel Orozco, señala que esta escalada de represión no solo afecta la institucionalidad, sino que también influye en las actuaciones individuales de los funcionarios del Estado, consolidando así un mayor control sobre el aparato gubernamental.
La comunidad internacional observa de cerca estos acontecimientos y se mantiene atenta a los próximos movimientos de Rosario Murillo en su afán de fortalecer su influencia en las instituciones del país.
Fuentes extraoficiales indican que diplomáticos europeos y de países miembro de la Organización de Estados Americanos, han reportado a sus gobiernos los sucesos como “crisis de poderes de Estado”.
No es la primera operación de seguridad que ocurre en los últimos meses en el Poder Judicial.
Entre el año pasado y este, han sido removidos sin procesos legales tres magistrados, otros han sido acusados de traición a la patria y cuatro funcionarios fueron apresados y desterrados a Estados Unidos, incluyendo al ex vocero de ese poder del Estado, Roberto Larios.
